Hace unos días, Antoni Cañete fue elegido Presidente de Pimec, la patronal de las pequeñas y medianas empresas de Cataluña, superando con claridad a su rival, Pere Barrios, presentado por la ANC de línea independentista. Se consolida en esta comunidad una gestión profesional en la principal organización empresarial por número de afiliados, en paralelo a Foment, que agrupa a las grandes empresas. Son independientes entre ellas, pero mantienen una política común en temas importantes, como la reacción de condena a la exacerbada violencia registrada en Barcelona en las últimas semanas y la presión sobre el Govern para que se dedique, de una vez, a aprobar unos presupuestos y gobernar. Foment y Pimec tienen igual representación a nivel institucional, todo un logro para el entramado de pequeñas y medianas empresas que sostiene la economía catalana.
En declaraciones a El Economista el pasado día 3, que recomiendo leer a los que tengan interés en las corrientes que mueven nuestra sociedad, Antoni Cañete manifestó su interés en promover una organización similar a nivel de toda España y repetir el esquema: una agrupación de grandes empresas (CEOE) y otra del resto. Hace 3 años, empujada por Pimec y otras organizaciones autonómicas y sectoriales, se creó la Plataforma Pymes con ese objetivo. Lo que se pretende es trasladar al conjunto del país el modelo de representación que prevalece en Europa, donde las patronales se agrupan en dos entidades: Business Europe para las grandes empresas, a la que pertenece CEOE, y SME United, donde ya figura Pimec.
La ruptura de la patronal tiene lógica. Hasta ahora, las pequeñas y medianas empresas estaban en Cepyme, que es parte de CEOE. Eso da ventaja a las grandes compañías, que dominan CEOE, en conflictos que es natural que enfrenten, por ejemplo, a las mayores constructoras o distribuidoras con sus subcontratistas y proveedores. La visión directa de las empresas de menor dimensión enriquecerá el marco negociador con Gobierno y sindicatos.
El detonante de la separación ha sido la morosidad de grandes empresas que ahogan el sistema productivo subalterno. El plazo medio de pago de las compañías no financieras del IBEX 35 fue de 183 días en 2020, cuando la legislación en vigor prohíbe hacerlo a más de 60. La Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad, la primera muestra de resistencia organizada contra los abusos de algunas grandes corporaciones, conducida por A. Cañete, fue el paso previo a la Plataforma Pymes, que tendrá más influencia por el ascenso de uno de sus promotores.
La escisión en ciernes llevará a que los intereses de la mayor parte de las empresas y autónomos del país estén mejor defendidos. Para ello es conveniente que se apruebe ya la nueva versión de Ley de Morosidad, con sanciones a los incumplidores, en trámite parlamentario en estos momentos. Parece que va superando la fuerte resistencia de compañías perteneciente a los sectores aludidos antes, puesta de manifiesto a través de CEOE y apoyada por los bancos, para los que es muy rentable financiar el pasivo circulante que ahoga nuestra economía productiva (entrada del 22/02).