En la entrada anterior propuse dos objetivos estratégicos de calado para reforzar la Unión Europea durante la Presidencia española que comienza el 1 de julio. Ahora coloco en la mesa de asuntos urgentes otros dos que me parecen imprescindibles para reforzar el funcionamiento eficaz y equilibrado del mercado común que tenemos. Ese mercado es el mecanismo fundamental para que Europa se renueve, sea más competitiva y aumente su potencia en innovación, pero está limitado por situaciones de desigualdad entre empresas de distintos países y diferentes dimensiones. Un marco más justo para el ecosistema empresarial producirá más iniciativas nuevas y dinamizará el gran tejido de empresas que Europa tiene.
La primera propuesta es bastante obvia: implantar, sin más demoras, los acuerdos tomados en el marco del G20 y la OCDE para establecer mínimos comunes en el impuesto de sociedades, que impidan que las grandes empresas paguen mucho menos que las pymes y, gracias a eso, compitan con ventaja sobre ellas. Se están alterando, con la connivencia de algunos Estados miembros, las reglas que aseguran el equilibrio del mercado y garantizan la igualdad de oportunidades para que crezcan y se desarrollen los mejores, que no son siempre los más grandes.
La segunda propuesta es muy importante para nuestro país y, como la anterior, para armonizar la competencia entre empresas de distintas dimensiones en toda Europa. Está previsto que, coincidiendo con el primer mes de la presidencia española, se inicie la tramitación de una directiva europea sobre morosidad empresarial. España debe asegurarse que la normativa en ese campo sea realmente operativa, para que se equiparen las situaciones entre distintos países, promoviendo la difusión de las mejores prácticas de los más avanzados.
La UE debe establecer un plazo máximo innegociable en el aplazamiento de los pagos entre empresas, con sanciones mínimas a los incumplidores. Dentro de esos límites, los Estados pueden tener un margen para apretarlos más si lo estiman conveniente. España es uno de los miembros más atrasados en este campo por la influencia de las grandes constructoras y distribuidoras, que han impedido que se castigue a los que, presionando a proveedores de menor dimensión, pagan cuando les da la gana, a pesar de que hay la ley les obliga hacerlo a un máximo de 60 días. Es la causa fundamental de que no tengamos una gran base industrial, más investigación privada y una red de medianas empresas muy competitiva como en el norte del continente. Lo he expuesto en otras ocasiones, en la última (5/3/23) trataba el caso Ferrovial, idóneo para subrayar la importancia de estos dos objetivos, que propongo lograr este año para que Europa sea más equilibrada, dinámica e innovadora.
Son tiempos de cambio y de tentaciones de vuelta atrás, y la UE es una referencia internacional imprescindible. El trabajo de España debe ser ambicioso porque a todos nos va mucho en ello. Los ciudadanos de nuestro país, en épocas de confrontaciones electorales, deben estar atentos y presionar a su Gobierno para que responda al reto de la Presidencia. Hay que poner visión estratégica y mucho esfuerzo, no se pueden quedar en posar para las fotos.
Visto este capítulo (2) no creo que nadie, de forma fundamentada, pueda objetar las propuestas que se formulan. No cabe duda que dichos objetivos no son exclusivos ni excluyentes de otros muchos, pero las tareas pendientes son tantas y de tanta transcendencia que no es fácil fijar un necesario orden de prioridades. No sea que los árboles no nos dejen ver el bosque…