El precio es el mejor indicador de la escasez o abundancia de un producto, el mecanismo económico para ajustar oferta y demanda. Pero no siempre una política de precios realista es lo más justo para los ciudadanos, por lo que el Estado asume servicios básicos que no serían accesibles a muchos en términos de coste. La sanidad es un ejemplo destacado, aun así, la mayor parte de los usuarios soportan un porcentaje del coste de los medicamentos y en nuestra vecina Francia se exige también un pago parcial por acto médico a los que no se encuadran en grupos de bajos ingresos.
Pensar en términos de precios viene a cuento ante la enésima revuelta de agricultores del sureste peninsular, ahora por la decisión del Gobierno de reducir el volumen de agua que se envía a esa zona a través del trasvase Tajo-Segura. Decisión obligada por la normativa europea que exige mantener caudales mínimos en la cuenca que aporta el agua para evitar la pérdida de biodiversidad. El recurso hídrico que llega al área receptora es ahora insuficiente y pone en riesgo la sostenibilidad de algunos cultivos de regadío. La única alternativa es la desalación de agua de mar, que es muy cara.
Para solucionar los problemas de riego del sureste de España hay que dar un precio al agua, que trasmita los costes de enviarla y la escasez, y regular incluso un sistema de subasta ante sequías graves. Si el gasto de ese insumo productivo se eleva, los receptores se esforzarán en racionalizar su uso. Los cultivos que no son competitivos deben ser abandonados, la importante subvención indirecta que reciben a través del trasvase ya no se sostiene. En muchos casos, podrán ser sustituidos por otros que necesiten menos agua o admitan inversiones asumibles para usarla bien.
Los organismos internacionales relacionados con la agricultura, como la FAO, saben todo esto desde hace mucho: donde el precio del agua refleja coste y escasez, su uso agrícola se racionaliza. Ya he hecho referencia a este punto en alguna otra ocasión, pero debo insistir ante la incapacidad de los políticos para tomar decisiones que faciliten el desarrollo del país. Les cuesta sentarse y pactar medidas importantes que pueden costar votos. En este caso sería imprescindible.
Sé que pido casi imposibles en la enfrentada España actual, pero debo recordar a nuestros dirigentes, primero, que la escasez hídrica va a ir a peor por el calentamiento global y, segundo, que el del agua no sólo es un problema para los pequeños agricultores de la zona peninsular más necesitada de ella, también lo es para sus campos de golf y los grandes fondos internacionales que están acaparando allí, de forma creciente, fincas de regadío. Estos tienen recursos para invertir en racionalización del consumo, como generalizar las instalaciones de riego gota a gota. No se puede regalar el agua, no la hay. La lógica exige subir precios de forma decidida, sólo caben excepciones en la destinada a consumo humano.