La gran organización patronal española ha decidido suprimir la limitación de ocho años para el cargo de presidente y permitir que Antonio Garamendi continúe en el puesto. No me parece buena noticia, el primer capítulo de mi ensayo analiza cómo las estructuras político burocráticas están invadiendo las sociedades modernas, acumulando poder y generando castas dentro de ellas. Una de las medidas que allí propongo para frenarlo es establecer limitaciones de mandatos. Caminamos en sentido contrario, CEOE puede ya tener líderes permanentes, como los sindicatos. No necesitaba entrar en esa mala práctica, podría haberse limitado a subir el tope de mandatos a 12 años para cubrir el período de tensiones que vive. Les debe preocupar el ascenso de Sumar, impulsada por Comisiones y el PCE (entrada del 12/6/23), que tendría papel relevante en una hipotética reedición del gobierno de coalición de izquierdas, tras las elecciones de este mes.
También puede haber influido el interés de grupos muy influyentes dentro de CEOE, Seopan especialmente, en mantener la estructura unitaria que ellos dirigen, porque va arraigando la amenaza de desgajar la representación de pequeñas y medianas empresas, ahora englobadas en Cepyme y muy dependientes de las más fuertes. Se trataría de ir hacia un sistema similar al que predomina en el resto de Europa: una organización para grandes empresas y otra para las pymes. Las dos con asiento en la mesa de negociación con gobierno y sindicatos ya que sus intereses son muchas veces divergentes. Destaca en esa línea el nacimiento de Conpyme en 2021, con el apoyo de Pimec, la importante organización catalana en ese segmento de empresas.
Un detonante del posible divorcio es la problemática de los plazos de pago. Grandes compañías incumplen sistemáticamente el límite de 60 días establecido en la ley de morosidad del 2010, un logro de la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMCM). La presión de esta agrupación de asociaciones de pymes y autónomos está logrando algunos avances para frenar a los que pagan mal, la Ley Crea y Crece del año pasado ya estableció medidas de castigo en el ámbito de las subvenciones y concursos públicos (entrada del 11/05/23). Pero no mejoraremos de verdad mientras no se establezca un régimen general de sanciones para los incumplidores de los plazos legales.
A continuación, figura una foto del pasado lunes en Bruselas, tomada durante el debate sobre la nueva directiva de morosidad que se empieza a preparar en setiembre, organizado en el seno del Comité Económico y Social Europeo por PMCM, Pimec y la italiana Confartigianato Imprese. Las dos últimas pertenecen a la organización europea de pymes (SME United) que también participó en el acto. Demasiados autónomos y pymes, sobre todo en el sur del continente, están atrapados en la necesidad de financiar su circulante por las deudas de grandes “morrosos” y no pueden invertir en crecer, investigar o internacionalizarse. Como consecuencia, se frena la renovación de empresas y la capacidad de adaptarnos a nuevos retos, como la digitalización o el medio ambiente.
La economía de mercado exige combatir con dureza las posiciones de dominio para funcionar bien y evitar anquilosarse, y las empresas más grandes tienen demasiada capacidad de presionar a los gobiernos de sus países. Por eso la UE, que nació del libre comercio interior, debe esforzarse en solucionar un problema enquistado que debilita sus propias raíces
