La Asociación de Inspectores de Hacienda ha presentado hace un par de semanas un informe que critica una posible cesión a Cataluña de la recaudación de impuestos. El informe tiene varios apartados, uno de ellos resalta que ese traspaso dificultaría la lucha contra el narcotráfico, porque supondría la desaparición de la Agencia Tributaria en Cataluña, que realiza una importante actividad en la prevención del contrabando. No es quizá el aspecto más relevante del informe, pero sirvió para que un periódico, que tiende a oponerse a todo lo que proponen los partidos catalanes, titulara así la información sobre el documento: “Los narcos se beneficiarían del cupo catalán”.
Lo traigo a colación porque es una muestra más de las tensiones políticas en España. Tienen su base principal en la dificultad de adaptar una Administración de vocación centralista, modelo francés traído por los borbones y reforzado por las dictaduras militares, a un país que debería evolucionar a una organización del sector público en una línea claramente federal, que los cuerpos de altos funcionarios tienden a rechazar. En la entrada del pasado día 2 de marzo analicé el caso de la judicatura, que suele defender las posiciones más jacobinas en su interpretación de la legalidad constitucional. Por eso el PP quiere que el máximo órgano de dirección de lo que constituye un poder constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, sea elegido por los propios jueces, sin intervención del parlamento que deriva del voto popular. Lo que le ha llevado a bloquear la renovación del CGPJ durante más de cinco años, porque lo consideran un objetivo innegociable. Quieren asegurarse el permanente sesgo judicial hacia su visión centralista del país.
Los inspectores de Hacienda, como los jueces, son un aparato burocrático jerarquizado, propio de un Estado muy unitario. Lo curioso es que, en su ámbito, el Estado español no lo es. La recaudación fiscal está ya cedida totalmente al País Vasco y Navarra. En la medida que esa cesión no presenta graves problemas y ayuda a que sean autonomías que funcionan muy bien, también en el ámbito recaudatorio, no veo porqué no se podría extender a las demás o, al menos, a las que lo pidan.
Un asunto que, bien negociado, serviría para marginar las propuestas independentistas y profundizar en un modelo fiscal casi confederal que condujera a una permanente reflexión sobre lo que recauda y lo que recibe cada uno. Algo que no gusta a lo más representativo del nacionalismo español, más arraigado en un centro sur que tiende a estar subvencionado. Es un tema del que seguiremos hablando mucho tiempo, aunque, por desgracia, tendemos a hacerlo en base a principios inamovibles, que protegen el orgullo de los que se niegan a cambiar un sistema que les beneficia sin que se note mucho.
Desde una perspectiva más general, resulta reseñable cómo la democracia y el paso del tiempo producen desplazamientos en las posiciones políticas. En nuestro complicado siglo XIX, la tendencia a defender la autonomía territorial se apoyaba desde dos extremos: parte de los muy conservadores, los carlistas, y de los muy progresistas que, hace ahora 150 años, dieron a luz una breve república federal. Los primeros se basaban en la defensa de los antiguos fueros, los segundos en la lógica constitucional moderna, acorde con la diversidad de nuestro Estado. Lo curioso es que los primeros pusieron la base para que hoy aún dispongamos de dos comunidades con sistema fiscal de base foral, el que mejor se adapta a una administración más moderna y apegada al territorio de un país miembro de una Europa unida, que va absorbiendo, poco a poco, competencias de la Administración central, lo que tiende a poner aún más nerviosos a los centralistas fervientes. Siglo y medio después, son los partidos más progresistas, aunque sea por razones tácticas, además de los nacionalistas, los que apuestan por la solución carlista, que ahora los más conservadores rechazan. Siguen agarrados al modelo francés, quizá porque su idea del país es demasiado parecida a la del régimen absoluto que sufrimos durante 40 años.
Por cierto, si les preocupa el narcotráfico, sólo tienen que promover la progresiva desaparición de los billetes, un medio de pago antiguo, costoso de tramitar, poco higiénico y en caída libre dentro de la economía legal. Tendrán que convencer a los partidos que se financian en B y a los bancos centrales que viven muy bien imprimiendo alegremente los billetes grandes que los del B y las organizaciones criminales les demandan. Sin billetes no sólo desaparecerá la mayor parte del narcotráfico y el terrorismo, también el Estado recaudará más y gastará menos, y será capaz de pagar pensiones y eliminar su déficit sin problemas. Aunque entiendo que a los inspectores de Hacienda la idea no les seduzca porque sobrarían muchos de ellos. Esta temática se analiza a fondo en el libro cuya portada reproduzco a continuación y que cada día es de más actualidad.
Sin entrar en otras consideraciones, que haberlas «haylas» y no menores, que recomiendan lo contrario de lo que propones, simplemente negar uno de los principales logros que predices en el supuesto de que las cesiones objeto de comentario, es decir «marginar las propuestas independentistas». A estas alturas solo los muy «sesgados», término que usas con frecuencia referido a terceros sin reparar en los propios, pueden ignorar que acceder a las inacabables reivindicaciones de los independentistas no contribuyen si no a alimentar el bucle en el que lamentablemente y por distintos ¿responsabales? se ha venido dejando discurrir el Estado y al que va siendo hora de poner freno para pasar a ocuparse de lo que realmente se supone es lo esencial para el conjunto de los españoles. Es decir, España.