Nuestros vecinos del norte sufren una revuelta de estudiantes de secundaria. Protestan por el estado de los centros donde estudian (lycées, liceos) y la escasez de profesores en algunas materias. La movida empezó hace unos diez días en un colegio público de Créteil, al sureste de París. Motos quemadas, depósitos de basura volcados y ardiendo, en el aire hay humo y suenan sirenas de los furgones de la policía. El movimiento se extiende por al menos 15 ciudades. Interior responde con fuerza. Ya en los primeros días hubo heridos: 305 policías, 170 estudiantes y 65 entre profesores y otro personal de los centros.
Los alumnos de los últimos cursos del liceo siguen una muy arraigada tradición nacional. En Francia, cuando algún colectivo no está de acuerdo con algo, intenta bloquear todo o parte del país para que el Estado le eche una mano. Siempre se trata de recibir más dinero, por mayor gasto público para ellos o protección de su mercado, caso de sectores como agricultores o transportistas. Esa relación pueblo-Estado está en el origen del tamaño del Estado francés. Incapaz de contener su gasto, sigue registrando déficits y tiene un nivel de deuda insoportable. Le siguen pidiendo dinero, aunque la dimensión del gasto público es el gran problema de nuestro vecino del norte. Un país fundamental para Europa, su situación nos afecta a todos.
Aquí, muchos jóvenes se echan a la calle y acampan en plazas céntricas de las ciudades. En nuestro caso, el problema que ponen en primer plano es el de la vivienda, elemento esencial para una vida digna que la situación económica aleja de sus capacidades y de las de muchas personas no tan jóvenes. Se trata de un problema difícil de solucionar con medidas a corto y, cuando la presión es alta, la izquierda más populista siempre quiere intervenir en el mercado de alquileres. Las soluciones milagrosas ayudan a que inquilinos en mala situación puedan prolongar sus contratos, pero provocan el miedo de los propietarios y tiende a retraerse la oferta de alquileres y a agravarse el problema. Se trata de un mercado complejo con agentes muy variados. Presido una Fundación, creada en 1872, cuya principal fuente de ingresos son viviendas y bajos alquilados en edificios de Coruña, algunos heredados de su fundadora. Todos ellos situados en zona tensionada, por lo que una Fundación que realiza una actividad social muy importante en el medio rural gallego obtiene menos ingresos de sus inquilinos, algunos de ellos ejecutivos de empresas importantes.
Como explicaba en la entrada del 5 de julio, la obligación del Estado es construir vivienda social y favorecer que haya pisos en alquiler. El lugar donde vivir dignamente es el derecho más necesitado de políticas a largo plazo, lleva años construir edificios nuevos, un asunto que también mejoraría si la Administración fuera más ágil creando suelo y aprobando proyectos de edificación. A corto plazo, lo menos distorsionador es manejar la situación con incentivos y penalizaciones fiscales para fomentar que se pongan en el mercado los muchos miles de pisos vacíos que tenemos o se frene una desviación excesiva a atender demanda turística.
Los jóvenes se enfrentan a un futuro problemático y se echan a la calle, hay aromas del 68 para los que vivimos aquello siendo estudiantes. Tienen motivos para estar preocupados, pero en las sociedades actuales la pelea no es para desplazar a generales autoritarios, como De Gaulle y, peor aún, Franco. La lucha ahora es más compleja porque el poder se ha acumulado mucho más que entonces en espacios fuera de control. Uno de ellos es el político, cada año menos flexible, menos dado a cambiar nada relevante.
En el ensayo que me sirve de base explico algunas consecuencias de las tendencias actuales y pongo el ejemplo de Francia, un Estado demasiado centralizado, grande e ineficaz. Una de esas consecuencias es el crecimiento imparable de los aparatos burocráticos, que favorece la propagación de una enfermedad social que les es propia y allí describo: “mediocridad invasiva”. La situación facilita que el Estado se pliegue a intereses de los otros dos grandes acumuladores de influencia, el dinero y los sistemas de comunicación y “orientación cultural”, desde la religión a las redes sociales
Me da pena la situación de los jóvenes hoy. Es más difícil mover las estructuras de poder actuales que ayudar a la caída de líderes de otros tiempos, como ocurría en el 68. Eso favorece la búsqueda de atajos, como una huelga general, que hace poco sentido para solucionar el problema. Deseo que su presión en las calles provoque la revisión de aspectos básicos de la sociedad actual que llevan por mal camino el futuro que afrontan. Mi ensayo ofrece propuestas para controlar los excesos de poder, el gran obstáculo que tiene hoy la defensa de libertades y los derechos básicos. La preocupación por ese problema es la razón por la que lo escribí.
Y ahora elecciones con la vivienda como asunto estrella. Preparémonos para oir fórmulas mágicas. Espero que también se pongan objetivos de trabajo con visión a largo. No se puede cargar la responsabilidad de la situación únicamente en el gobierno, tampoco la oposición ha hecho mucho desde las autonomías que dirige. El mejor ejemplo en este campo es el de Cataluña, a pesar de que su situación también es tensa. Al menos han tomado medidas para combatir los excesos de pisos turísticos, ofrecer ayudas para los que introducen viviendas en el mercado y disponer de pisos sociales. En menos de 2 años, la Generalitat ha entregado 12.600 y ha iniciado otros 7.000.