Las asociaciones de autónomos han propuesto alguna enmienda al proyecto de Presupuestos para 2021. A mi criterio, la más importante es la de que la Ley de Presupuestos establezca un régimen de sanciones a las empresas y administraciones que no paguen a sus proveedores en el plazo (60 días máximo) establecido en la Ley de Morosidad del 2010 . La falta de este reglamento ha impedido que esta ley cumpla su objetivo: acercar los plazos de pago en España a lo de los principales países europeos. Es el principal problema que nos genera el excesivo peso del sector construcción, del que hablábamos en la entrada anterior, y el mayor obstáculo que tenemos para ser un país industrial y avanzado.
Hablaba de ello en la entrada del 30 de julio. En aquel momento, me felicitaba de que la Comisión para la Reactivación Social y Económica había incluido, a propuesta de la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMCM) que agrupa a organizaciones de pymes y autónomos con cientos de miles de afiliados, esta medida en el documento que envió al pleno del Congreso y que éste aprobó. Advertía entonces de que habría que mantener la presión sobre nuestros dirigentes políticos para que la medida adquiriera rango legal, porque el club de grandes “morrosos” tiene mucho peso en las organizaciones empresariales y gran influencia política y en los medios, que prácticamente no hablan de un tema tan grave para el país. También decía entonces que las principales empresas de este club, las cotizadas en Bolsa, debían a sus decenas de miles de proveedores, por encima del plazo máximo legal, un total de 122.000 millones de euros.
Ha ocurrido lo que me temía entonces, la fuerza de los malos pagadores ha logrado aparcar este asunto en situación de estudio. Las asociaciones de autónomos y la PMCM vuelven a insistir y, dada la mayoría de apoyo a las cuentas con peso de partidos periféricos que respaldan la medida, es posible que la Ley de Presupuestos incluya, al fin, un régimen de sanciones para los que incumplen la Ley de Morosidad.
Estamos pendientes de ello, es la medida singular más importante de las que dispone el Estado para que la estructura económica de España mejore, pero perjudica a gente muy poderosa y es posible que vuelva a ser relegada. No podemos competir bien ni tener una economía que invierta en proyectos a largo plazo, incluida la investigación, si pagamos a plazos tres o cuatro veces superiores a otros países, como Alemania, y nuestras pymes siguen prisioneras de su capital circulante. Ya está bien de arrastrar una cultura comercial que viene del atraso y considera normal la “morrosidad” en los pagos.