La anterior entrada ponía en relieve que el creciente uso de tarjetas y móviles para pagar afloraba parte de la economía sumergida e impulsaba la salud fiscal y el crecimiento. Aunque intereses inconfesables, también en la Administración, eviten hablar de ello y que llegue a plantearse la lógica conclusión de que debería programarse la eliminación del efectivo para disfrutar de una sociedad más avanzada y segura.
Me centraba entonces en cómo pagamos, en las oportunidades de mejora que traen las nuevas tecnologías en manos de los consumidores. La de hoy va de prácticas empresariales relativas no a cómo sino cuándo se paga. En este ámbito, grandes corporaciones usan su superioridad para conseguir recursos gratis a costa de la salud financiera de sus proveedores, muchos miles de autónomos y pymes, a los que imponen plazos de pago abusivos. Cuentan con la complicidad de los bancos, que hacen un buen negocio financiando los cobros aplazados a la legión de sometidos a la esclavitud de los plazos excesivos.
Los poderosos que desean que las cosas sigan igual se encargan de que hable poco del problema, la mayor hipoteca que pesa sobre nuestra economía. Está en la base de la poca productividad que tenemos en comparación con la media europea y, sobre todo, con la de los países del norte del continente. Trabajamos más horas para hacer lo mismo como reflejaban los medios hace unos días. Las causas radican en que nuestras empresas son más pequeñas, tenemos poca base industrial e insuficiente investigación. Los atrasos en los pagos por encima de los límites legales impiden que los proveedores de grandes grupos, sobre todo en el ámbito de la distribución y la construcción, dispongan de recursos para invertir, crecer e investigar.
Los españoles no somos peores que los habitantes de otras latitudes, lo demostramos continuamente en las competiciones deportivas. Pero muchos que juegan en el ámbito económico no disfrutan de reglas justas para poder demostrar sus capacidades. Les falta oxígeno, recursos. Deben destinar la mayor parte de ellos a financiar los elevados plazos de cobro que les imponen. Todavía hay empresas cotizadas en Bolsa que pagan a un promedio de más de 200 días, cuando la legislación en vigor obliga a hacerlo en un máximo de 60. Una auténtica vergüenza, la legislación no contempla sanciones a los incumplidores, que mantienen al borde del ahogamiento a los que les venden productos o servicios.
La situación llevó a que, hace quince años, diversas asociaciones de pymes y autónomos se agruparan en la Plataforma Sectorial Contra la Morosidad (PMCM). El trabajo de este agente de la sociedad civil para hacer de España un país avanzado, ha ido logrando mejoras, aunque insuficientes. Afortunadamente, formamos parte de la Unión Europea donde tienen claro que los malos hábitos de pago son un freno al desarrollo económico. Se trata de un problema que afecta también a otros Estados del sur y del este del continente.
Para intentar acabar con esa lacra que debilita a Europa en un entorno internacional cada vez más competitivo, la Comisión ha remitido en setiembre al Parlamento de Estrasburgo un proyecto de Reglamento que prohibirá los pagos a más de treinta días, con imposición de sanciones a los incumplidores. Debería entrar en vigor en 2024. El próximo martes 28, habrá una jornada informativa, promovida por al PMCM, sobre este trascendental asunto en la sede que el Parlamento Europeo tiene en Madrid. Recomiendo que acudan al acto todos los que estén en la capital y tengan interés en saber más de lo que está pasando. Pueden inscribirse en el enlace que figura a continuación.
*Asamblea Abierta – Plazos de pago: Nueva normativa europea.
📆 Martes, 28 de noviembre 2023
🕛 11:00 h.- 13:30 h.
📍 Oficina del Parlamento Europeo en España: Paseo Castellana, 46. 28046 Madrid
Inscripción ➡️ https://bit.ly/3QNp26e
Muy acertado. Es incomprensible la dejación de las autoridades.
Es justo y necesario.