El Presidente del PP propone que se modifique la legislación para que, a partir de ahora, sean los propios jueces los que elijan a sus máximos dirigentes. Lo pone como condición previa para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que lleva tres años en funciones, sería una última elección de sus miembros por el sistema actual, que exige una mayoría de 3/5 en el Congreso. Hace unos meses el PP presentó en la cámara un proyecto de ley en esa línea, que no fue admitido por una clara mayoría. Primer déficit democrático: intenta forzar, mediante el bloqueo de la renovación, que el parlamento cambie de postura.
Sabe que entre los jueces predominan las actitudes conservadoras, como se manifiesta en sus asociaciones mayoritarias, y que, si se elimina el cauce parlamentario en la elección de cargos del Consejo y este es elegido por los propios miembros de la carrera judicial, ya no tendrá que preocuparse por estas negociaciones con otros partidos. Se asegura que estarán en su línea de forma permanente. Es importante para su capacidad de influir, porque la derecha española tiende a judicializar lo que menos le gusta de lo que sale del gobierno o del parlamento. Usa el tercer poder del Estado como una cámara paralela y quiere garantizarse el control.
Un segundo déficit democrático de la posición de Casado es que pretende eliminar la influencia de los votos de los ciudadanos, a través del Congreso, en la elección de los que dirigen uno de los tres poderes constitucionales, que pasaría a ser monopolio de una estructura corporativa. El planteamiento esconde una filosofía apoyada en grandes aparatos institucionales que garanticen la consideración uniforme de realidades cada vez más diversas, a las que cuesta adaptarse desde planteamientos del pasado.
En mi libro y en el blog he comentado que debería forzarse la negociación de los principales partidos, creando una segunda vuelta del proceso electoral para el caso de que no hubiera un acuerdo en un plazo prefijado. Los miembros del Consejo General del Poder Judicial (valdría también para el Tribunal Constitucional o el de Cuentas) se elegirían entonces por sorteo entre candidatos, previamente filtrados por un órgano independiente para garantizar su capacidad y experiencia, presentados por los grupos parlamentarios en número proporcional a su peso en el hemiciclo. Es difícil que lleguen a hacer algo así porque los aparatos políticos tienen obsesión por el control, pero evitaría muchas disfuncionalidades de las democracias actuales.