Analizábamos hace unos días (La deuda pública nos atenaza) el aumento de la presión fiscal, mientras la deuda del Estado no para de crecer. El espacio para la iniciativa privada disminuye y aumenta la transferencia de fondos de la parte más productiva de la sociedad a la menos productiva, que sigue ganando peso en el PIB. La dimensión adquirida por el Estado favorece su bloqueo y dificulta las reformas para trabajar con más eficacia.
El proceso de extracción de impuestos del sector privado añade una deriva peligrosa: lo soportan principalmente la clase media y las pymes. Los ricos y las grandes corporaciones se apañan mejor. El año pasado, la OCDE acordó que se aplicara un impuesto mínimo a las empresas de un 15%, con independencia de donde se domicilien. Una decisión muy importante para incrementar la imprescindible aportación fiscal de las multinacionales. En Europa, entusiasta con la medida, se va dejando para más adelante, 2023, 2024… El acuerdo, aplaudido por este blog, se ve frenado por los lobbies de los poderosos.
La competencia por atraer grandes compañías y fortunas familiares con rebajas impositivas sigue siendo la política de muchos países y, a nivel interior, de la comunidad autónoma más privilegiada por el sector público. Un proceso que empuja el permanente crecimiento de la desigualdad que denunció Thomas Piketty en su conocido libro de 2013. Su título (El capital en el siglo XXI), inspiró el que publiqué sobre los problemas de la democracia, la forma de gobierno que nos ha ido trayendo más libertad, mayor justicia social y más igualdad de oportunidades, sobre todo para las mujeres.
Además del aumento de la desigualdad, mi ensayo denunciaba el debilitamiento de las clases medias por la mayor carga fiscal, un mecanismo que debilita el sostén sociológico de las libertades. El proceso se acelera y está detrás de la pujanza de populismos de derecha e izquierda y del reforzamiento de las fronteras que trae el nacionalismo de dirigentes como Trump, Johnson o Bolsonaro, y de otros más autoritarios aún: Erdogan, Xi Jinping, Putin…
En este sentido, me han parecido pragmáticas en exceso las ideas transmitidas por el Secretario de Estado de Hacienda, Jesús Gascón, en el número de julio de la revista del Colegio de Economistas, Una reforma fiscal para la competitividad. Rechaza entrar en el debate sobre las rentas altas y las grandes empresas, apuesta por revisar varias deducciones y niega que la lucha contra el fraude baste para aumentar los ingresos públicos. No se plantea, por ejemplo, presionar para que se programe la desaparición de los billetes en un país con una economía sumergida del orden del 20% del total. Una medida que ya han iniciado países avanzados y que solucionaría los agujeros fiscales de otros como España o Italia.
Me sorprende que un alto responsable de Hacienda, en un gobierno progresista con un déficit descontrolado, se resista a hablar de las grandes empresas o de los muy ricos. Porque los impuestos, además de un objetivo recaudatorio, deben tener un efecto redistributivo. Además, insisto, la deriva de ir gestionando todo en el corto plazo, intentando buscar ingresos fáciles, pone en peligro la propia democracia, porque incrementa el desgaste de su base, las clases medias.
España tiene una experiencia histórica que no debería olvidar. El fracaso de su segunda República y la guerra civil posterior se originaron por el escaso peso de la burguesía en un país dividido entre una minoría privilegiada y una gran parte de la población con pocos medios de subsistencia. Su actual tendencia a un creciente enfrentamiento tiene las mismas raíces. El Estado dispone de mucha más capacidad de protección de los menos favorecidos, pero está mal gestionado y es soportado por la clase media que va perdiendo peso al estar cada vez más exprimida.
Las vacaciones de agosto son buen momento para reflexionar. Durante ellas, hace quince años terminé la primera versión de La energía oscura del dinero y, hace cinco, la de La libertad en el S.XXI. Este blog acaba de cumplir tres años. Problemas que se describen en ellos tienden a empeorar. Deberíamos pensar sobre las medidas propuestas y otras que puedan aparecer para cambiar una tendencia que bloquea la capacidad colectiva para solucionar problemas, fomenta las diferencias sociales y pone en riesgo la democracia e, incluso, nuestra existencia ante el ascenso de nacionalistas, que ahora disponen, en muchos casos, de armas nucleares..