El pasado día 15, el Congreso de los Diputados dio la aprobación definitiva a la Ley Crea y Crece. Es una norma que contiene diversas medidas para tratar de mejorar el funcionamiento de nuestra economía, entre las que destaca una muy importante: todas las empresas que soliciten subvenciones del Estado o aspiren a un contrato público deben acreditar que pagan a sus proveedores y subcontratistas dentro del plazo legal de 60 días, desde la entrega de la mercancía o la realización de un servicio.
El tema es importante y ya fue objeto de alguna entrada. En España nos quejamos de defectos de nuestra estructura económica que dificultan el desarrollo, como la débil base industrial, la poca investigación privada y la escasez de pymes con capacidad de competir a nivel internacional. Son síntomas que preocupan y provocan medidas para combatirlos con créditos y subvenciones. Pero se olvida que la causa última de todos ellos es una sola: tenemos malos hábitos de pago, las grandes empresas y las Administraciones abonan sus compras mucho más tarde que en los países del norte de Europa. La mayor parte de las pymes españolas están maniatadas por el excesivo peso de su activo circulante, por lo que les deben. Por eso no tienen capacidad de invertir, crecer, investigar.
En 2008 se creó la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMCM), por iniciativa de un grupo de asociaciones de autónomos y pymes que veían que sus asociados estaban ahogados por las deudas de clientes poderosos, con mucha influencia en la gran patronal. Se sentían abandonados y reaccionaron. He sido testigo de este proceso casi desde su inicio y lo sigo con el interés que me produce observar cómo la sociedad civil es capaz de organizase para combatir graves problemas. Suelo decir que en el S. XIX eso era necesario por la incapacidad del sector público para atender muchas necesidades y que ahora lo es por lo contrario: su dimensión le dificulta adaptarse y lo hace susceptible a ser manipulado al servicio de intereses poderosos.
La PMCM consiguió un éxito importante en 2010: la aprobación de una Ley de Morosidad que prohíbe pagar a más de 60 días y no admite el pacto en contrario. Pero la presión de lobbies arraigados impidió que se estableciera un régimen de sanciones. En consecuencia, mientras las administraciones públicas mejoran poco a poco, para algunas grandes empresas cotizadas en Bolsa la norma es papel mojado y siguen pagando a más de seis meses de media. El problema se agudiza en sectores concretos, como la construcción que aquí tiene mucho más peso que en países con mayor base industrial.
El pasado día 15 se dio un gran paso adelante, como reflejan el titular y el primer párrafo de la entrada. Era muy difícil de conseguir y lo ha logrado la presión de los pequeños, que han contado con el apoyo de la Comisión Europea. El día anterior, el 14, su Presidenta, Ursula von der Leyen, anunció que revisarán la directiva sobre morosidad, «sencillamente porque no es justo que una de cada cuatro quiebras se deba a las facturas impagadas; para millones de empresas familiares, esta revisión será un balón de oxígeno en tiempos turbulentos».
Es la mejor noticia del verano, la ley aprobada hace una semana pone las bases para contar con un país más justo y avanzado. Pero, como todos sabemos, los malos hábitos son difíciles de cambiar, especialmente si los protege gente influyente. La PMCM seguirá trabajando, a la norma aún le falta un reglamento y, aunque su articulado excluye a los “morrosos” de poder trabajar con el sector público o beneficiarse de sus ayudas, sigue siendo necesaria una norma general de sanciones. Como la que estableció Francia hace casi 20 años. El que tenga interés en conocer con algo más de detalle lo sancionado la semana pasada por nuestro Parlamento puede acudir a este enlace:
Me encanta la labor que estáis haciendo. La patronal del cemento no debe dirigir los destinos de nuestro país ni puede ni debe arruinar a los pequeños empresarios. No puede ser que las pymes y micropymes estén financiando a la gran patronal
El blog defiende la necesidad de una sociedad civil activa para ayudar a adaptar a los nuevos tiempos a países cada día más bloqueadas por los que disponen de influencia para proteger sus abusos
Lo auténticamente sorprendente, por lamentable, es que algo tan lógico y natural como es hacer que una Ley (en este caso la de morosidad) se cumpla, se convierta en noticia. Sería no solo deseable, si no necesario, que la legalidad se cumpla, tanto la que hoy nos ocupa como cualquier otra de las muchas que se burlan con increíble impunidad. Se pierden demasiadas energías en una serie de “batallas” que no deberían ser necesarias, en demérito de la búsqueda y logro de otros objetivos cuya obviedad podría ser más discutible.
Totalmente de acuerdo, la ley está para cumplirse. Pero no había sanciones y no te das idea del poder que tienen los grandes «morrosos». También la banca, donde tú y yo estuvimos muchos años, está muy cómoda financiando circulante, descontando pagarés. Por eso no tenemos una economía más competitiva.