Empieza el 3 de noviembre con un caso que les llega de la New York State Rifle & Pistol Association, que pide que se revoque la reciente norma del Estado neoyorquino, que limita la licencia para portar armas, fuera del hogar, a la caza y las prácticas de tiro. Para obtener permiso de ir armado en lugares públicos, salvo en los casos citados, hay que demostrar causa razonable. Supongo que conseguirán pararla, los recurrentes alegan que portar armas es un derecho constitucional que no puede condicionarse. Uno de los asuntos más retrógrados y sangrientos del “modo de vida” americano, que, como explico en mi libro, les cuesta al año entre 25.000 y 30.000 muertos más que si tuvieran una legislación de tipo europeo sobre el asunto.
Puede tener más trascendencia para el conjunto del país, Dobbs vs Jackson Women Association que se verá el 1 de diciembre, sobre la legislación de un Estado muy conservador, Mississippi, que, desde 2018, redujo a 15 semanas el plazo legal para el aborto inducido, frente a las 24 que se consideran como el principio de la autonomía del feto, una práctica que el propio Tribunal Supremo (un Tribunal Constitucional en nuestra terminología) autoriza desde el precedente que marcó en Roe vs Wade de 1973. Como la norma de Mississippi permitía a los jueces considerar la ampliación del período de aborto legal hasta las 24 semanas, el gobierno de aquel Estado alegaba, hasta el año pasado, que su legislación encajaba en la doctrina establecida. Ahora, cuando ya han tomado posesión todos los jueces del Supremo nombrados por Donald Trump y la mayoría conservadora es de 6-3, Mississippi ha cambiado de posición y reclama una vuelta atrás, diciendo que la decisión en Roe vs Wade fue un “error egregio” que debe eliminarse.
Señalo con frecuencia que el mejor índice de retroceso en cualquier sistema democrático es la situación de las mujeres. Estamos ante un caso que puede abrir una nueva etapa de desprotección y devolverlas a los riesgos de la clandestinidad cuando se vean en situación de querer abortar. Otro Estado se apunta a la ola ultraconservadora, presionando para un cambio de línea del Supremo. Tejas acaba de legislar de forma aún más restrictiva, limitando el aborto inducido a las primeras 6 semanas de embarazo, en la práctica supone la prohibición de abortar en condiciones legales. Se apoyan en principios religiosos de protección a la vida, los mismos que no entran en juego cuando, casi simultáneamente, este Estado autorizó a portar armas en público sin ninguna limitación ni permiso, por considerarlo un derecho fundamental. La perspectiva es negativa, la Corte Suprema rechazó por segunda vez, este viernes, el recurso presentado por el departamento de justicia para que suspendiera la ley tejana, pero admitirá una audiencia sobre el asunto el 1 de noviembre para oír los argumentos de las partes. Serán dos las ocasiones del Supremo para dar un salto atrás en los derechos de las mujeres, aumentan las posibilidades de que lo haga.
Un mes después, el 8 de diciembre, el alto tribunal verá el caso Carson vs Makin, contra la normativa del Estado de Maine para pagar la educación en colegios privados a los estudiantes de unas 100 pequeñas localidades que no disponen de centros públicos de enseñanza media. Se acusa a ese Estado de que la medida excluye la posibilidad de llevar a los alumnos a colegios vinculados a organizaciones confesionales, por el principio de que la enseñanza que se paga con dinero público debe ser neutral en asuntos de creencias. Con la afición conservadora de basarse en ideas religiosas para defender, también en este caso, los principios colectivos parece que Maine lo tendrá difícil.
Pero no todo está decidido, hay tendencia a defender el carácter no político del Supremo, como en un reciente libro del magistrado Stephen Breyer (83 años), líder de la minoría liberal que ha sido respaldado por otros dos de línea conservadora. Les preocupa que la institución registre los índices de aprobación pública más bajos (40%) desde el siglo pasado. Pero los EEUU no son Polonia o Hungría, que tienen la vigilancia del Tribunal Superior de la UE, para evitar excesivos saltos atrás. Allí la mayoría legada por Trump puede hacer retroceder los derechos constitucionales, apoyada en ideas del pasado. Una tendencia en alza en muchos lugares.
La foto del encabezamiento, delante del edificio del Supremo en Washington, cumple 10 años justos estos días. Eran tiempos más tranquilos para las libertades democráticas.