La realidad no es simple, pueden aparecer propuestas que se deben estudiar, aunque vengan de procedencias poco recomendables. El Senado italiano acaba de pasar una ley que permitirá a las regiones asumir nuevas competencias. La propuesta procede de la Liga Norte, un partido regional de ultraderecha que apoya al gobierno de Giorgia Meloni (Hermanos de Italia), también de esa orientación. El líder de la Liga, Matteo Salvini, ha hecho valer sus votos para sacar adelante una medida que promueve la descentralización del Estado. A Italia, que tiene una Administración bastante pesada e ineficiente, le hace falta. Una fuerte autonomía regional es recomendable para tener una organización más flexible, menos costosa y más eficaz para operar en el marco de la UE que asume o coordina cada vez más competencias centrales de los Estados miembros.
La resistencia a la mayor autonomía viene de los partidos nacionales, con mucho peso en un centro-sur más atrasado y subvencionado por transferencias desde un norte más competitivo. Los grandes cuerpos funcionariales tampoco están mucho por la labor. Es el poder del gran aparato estatal que se rebela contra la necesidad de adaptarse a una Europa cada vez más integrada. Lo sorprendente del caso de Italia es que sea un gobierno de derecha dura el que promueva la medida. En España, donde hay paralelismos con esa otra península mediterránea y contamos con un sistema regional más desarrollado, es inimaginable que Vox o el PP apoyen profundizar en el proceso.
Volviendo la vista hacia Argentina, un sufrido país del otro lado del Atlántico con muchas raíces en España e Italia, estamos todos pendientes de su nuevo presidente, Javier Milei. Los argentinos, desesperados por la situación que atraviesan, eligieron para dirigirles a una especie de mono con pistola. De entrada, ha formulado propuestas económicas y organizativas radicales, algunas muy descabelladas, mientras en el ámbito de las libertades, que dice defender, apoya medidas, línea Trump, sobre la venta libre de armas y la prohibición del aborto, que lo inscriben en esa ultraderecha, nada liberal, que está en alza en varios países.
Sin embargo, en el manantial de propuestas de Milei hay una que me pareció de cierto interés: eliminar el banco central, después de dolarizar la economía. Tiene lógica. Si se deja de emitir el desprestigiado peso, cuna de hiperinflaciones periódicas que la llegada del nuevo salvapatrias está acelerando, no hace falta un banco emisor. Aunque seguirán necesitando un organismo que tutele la solvencia del sistema bancario argentino, no lo va a hacer la Reserva Federal de Washington.
La idea, de difícil aplicación allí, parece más adecuada aquí. Tenemos un sistema monetario común para la UE, en torno al euro, moneda que gestiona el Banco Central Europeo. El Banco de España, una entidad grande y muy cara (*), es un emisor que ya no emite. Sus funciones de distribuir efectivo, cuya demanda está cayendo con fuerza en la economía legal, pueden ser asumidas por empresas de seguridad, situación que ya es así en la práctica. La supervisión bancaria se trasladaría a otro organismo, quizá a una dirección especializada dentro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que no arrastra el desprestigio del Banco de España por no enterarse de la colosal debacle del sistema de cajas de ahorros, a las que, en teoría, supervisaba, pero en las que tenía demasiados amiguetes.
(*) No deja de aumentar su personal, 3.431 empleados en 2022, con salarios y prebendas muy superiores al resto del sector público. Encima, en el 2023, presentó pérdidas por primera vez en su historia. No aportará nada al Tesoro en el 24. Algo tendrá que ver el aumento de costes, pero la causa principal es que tiene una inversión en deuda pública a largo, financiada por pasivo a corto. Le cogió desprevenido la subida de tipos de interés para combatir la inflación, auspiciada por el propio BCE, en el que está bien representado. Algo que se veía venir, pero, al parecer, el Banco de España, que supervisa continuamente lo que hacen las entidades financieras, parece no enterarse o no saber cerrar con derivados su propio riesgo de interés, causado por diferencias de duración entre activo y pasivo. No puedo entenderlo, es una situación de manual en gestión de tesorería.
Pues claro que si. No parece razonable discriminar propuestas debidamente formuladas en razón de su procedencia, aunque tampoco presuponer que todas ellas, con independencia de su origen territorial o ideológico, etc., hayan de concluir en vinculantes para el conjunto de los afectados por las mismas.
En el sentido que se trata, es importante distinguir entre descentralización y disgregación. No es solo una cuestión semántica si no un tema principal. La virtud de aquella puede convertirse en vicio si llega por la vía de esta. Y ello puede valer para Italia, para cualquier otra Nación de las que conforman la U.E. y, naturalmente, para ella misma (para la Unión Europea).
En otro orden de cosas, dentro del «collage» objeto de comentario, parece razonable que los bancos centrales de las naciones comunitarias y concretamente el Banco de España, tiendan más pronto que tarde (y probablemente vayan ya con cierto retraso) a adecuar su estructura
a los fines que, efectivamente, tienen que cumplir. Claro que tal medida no debería ser de aplicación exclusiva, pues el conjunto de las administraciones públicas adolece de similar problema y en no pocos casos la hipertrofia de determinados medios, en menoscabo de otros, lleva a inasumibles ineficiencias e ineficacias que urge corregir, aunque la tendencia es poco esperanzadora.
Las estructuras federales o cuasi federales tienden a ser más sólidas y flexibles. Los excesos de centralismo son los que provocan, como reacción, tentaciones disgregadoras. El asunto de los bancos centrales y su obsesión por emitir billetes y pagarse grandes sueldos es un caso concreto que debería abordarse en los próximos años, por el bien de todos. Por supuesto que hay otros órganos de la Administración que requerirían un adelgazamiento, pero ninguno tendría efectos tan positivos como el de cortar la producción de billetes y cerrar la fábrica, empezando por las que ya no los emiten.
Las estructuras a que te refieres son las que ya prevalecen en España. Tal vez deban abordarse, aún, ajustes que corrijan determinadas «redundancias» que se dan, entre otras, en la dimensión de la Administración Municipal, pero nunca llevarnos en lo autonómico a extravagantes «Tabarnias» ni al amparo, si no al aliento, de quienes lo pretendan por caminos al margen de los que preve la Constitución. Para esto último supongo que, como dices, no se contará con la conivencia del PP ni de Vox, salvo que impensablemente deriven hacia la interesada contradición e incoherencia consigo mismos y la deslealtad con la Carta Magna en que vienen incurriendo quienes se supone deberian ser los paladines de su defensa.
Por cierto, respecto a la reconducción que propones para el Banco de España, no parece que quienes nos gobiernan desde hace ya no pocos largos años lo tomen con la determinación que muestran con otras iniciativas cuyos efectos son bien distintos a los beneficiosos que se auguran actuando, como sugieres, sobre el Banco «ex-emisor»…
Sobre la Carta Magna hay que hablar despacio, su peor redundancia es que consagra el sistema jacobino francés (provincias), que gusta en Madrid, y, al mismo tiempo el federal alemán (ccaa), más adaptado a la realidad diversa del país. Esa tensión es la que aflora en muchos enfrentamientos actuales. Son modelos incompatibles y generan muchas «redundancias». Fue un pacto en su momento, que creo que había que cambiar y apostar por un modelo federal, con características confederales en las nacionalidades históricas. Pero no gusta en la capital, ni a los borbones, los que trajeron el modelo francés y la centralización, a los que el pacto de la transición entregó la Jefatura del Estado. Somos el único país europeo que ha recuperado la monarquía en los últimos 150 años, después de haberla suprimido y lo hemos hecho dos veces mediante golpes militares. Encima se le concede el mando directo sobre las fuerzas armadas. Da que pensar
Pues quienes viéndolo así, cuestionen legítimamente la Constitución, que no olvidemos fue respaldada por más del 90% del voto emitido en el conjunto de España y, curiosamente, con especial entusiasmo participativo en Cataluña, que promuevan los cambios/enmiendas que consideren oportunos, pero por los cauces que la propia Constitución prevé y no que “unos cuantos” vayan por libre y con la connivencia de sedicentemente constitucionalistas, según convenga a sus particulares y oportunistas intenciones, hayan tratado, traten y reiteren perseverarán en el intento de imponer unilateralmente lo que, en su caso, correspondería decidir al conjunto de los españoles.
Las normas por las que cualquier país democrático se rige, o debería, de ningún modo pueden estar al albur de los particulares intereses de minorías que, debiendo ser respetadas, de ningún modo parece de recibo se consienta sean impuestas. Lo malo no es lo que ellos piden si no lo que se les da y el por que se les da.