Cuando el país era más católico, se incorporó a la tradición militar el lema ¡Santiago y cierra España! para iniciar una carga contra el enemigo. El origen viene de la reconquista, cuando el Apóstol, vestido de Santiago Matamoros, ayudaba a combatir a los descreídos del sur. Así se ganó el derecho a ser Patrón de España y recibir en su catedral una ofrenda anual de manos de las más altas autoridades del Estado.
Ahora somos más descreídos y gran parte del poder que la Iglesia tenía ha pasado a un Estado, cada vez más grande, al que pedimos de todo. El ensayo que inspira el blog se extiende sobre el poder de los aparatos político-burocráticos que se encargan de defender las esencias patrias. La vocación de mantener la unidad, que se confunde demasiado con la uniformidad, está en la raíz de las tensiones que atravesamos y que, con las características propias de cada nación, se sienten también en otros países. Un caso extremo de reivindicaciones patrióticas es el de la Rusia de Putin al que hacía referencia en una entrada anterior. En nuestro caso, hay dos estructuras, orientadas a mantener el orden tradicional, que estas semanas salen mucho en las noticias : Guardia Civil y Judicatura.
La Guardia Civil es una fuerza policial con vocación de control del territorio, perfil y dependencia militares, más propia de otros tiempos. El salvaje atentado de unos narcotraficantes contra una de sus patrulleras provocó, el 10 de febrero, la muerte de dos tripulantes. Se sucedieron funerales, actos de desagravio e, incluso, un minuto de silencio en las Cortes, propuesto por Vox. Desde entonces, la oposición acusa al Gobierno de no dar suficientes medios para combatir el tráfico de sustancias ilegales en el entorno del estrecho de Gibraltar.
En mi otro ensayo reciente se explica cómo terminar con la mayor parte de los problemas que causan bajas en los cuerpos policiales: iniciar un proceso de eliminación de los billetes. Según mis cálculos en ese libro, cuando no haya efectivo sobrará la mitad de la policía y un cuarto del aparato judicial. Obviamente, a los defensores del gran aparato político y funcionarial la idea no les gusta.
La Judicatura tiende a resistirse a la configuración de un Estado más diverso, más descentralizado, mejor adaptado a un mundo más abierto e interconectado, dentro de una Unión Europea que va asumiendo funciones de las administraciones centrales de sus miembros y pone nerviosos a los patriotas de siempre, cada vez más escorados hacia posturas parafascistas. Los jueces forman un cuerpo de altos funcionarios al servicio del tercer poder. En estos tiempos de tensiones políticas, están teniendo gran protagonismo al calificar de terrorismo los graves sucesos de Cataluña en el 2017 y años siguientes. Aunque se estrellen contra las instancias europeas en sus excesos de celo , algunos no se cansan de insistir, poseídos de fe jacobina.
Este contexto ayuda a entender que llevemos más de cinco años sin renovar el máximo organismo de la judicatura -el Consejo General del Poder Judicial- que debería renovarse cada cinco. El PP lo bloquea porque influye mucho y no desea que su composición se vea sesgada hacia posturas menos tradicionales. Quiere, por encima de todo, que se cambie la ley que lo regula para que los miembros del CGPJ sean elegidos por la propia judicatura, sin intervención de ningún órgano emanado de la voluntad popular. Hay algo de tufo totalitario, de “democracia orgánica”, en la decidida apuesta por que un poder del Estado quede blindado frente al voto de los ciudadanos, base de la soberanía nacional. Se fían más de una orden funcionarial para defender su visión de España que de lo que piden los devotos pagadores de impuestos. Ya no está la Iglesia para indicar a los fieles lo que deben pensar, necesitan asegurarse de que la judicatura combatirá las desviaciones.
Una curiosa confluencia de intereses centralistas entre las instituciones públicas a las que me estoy refiriendo se ha producido el pasado 19/2, cuando el Tribunal Supremo sentenció en contra del traspaso de las competencias sobre tráfico de la Guardia Civil a la Policía Foral de Navarra. Según el alto tribunal, un simple cambio de funciones entre cuerpos policiales, que ya tiene antecedentes, haría necesaria una ley orgánica (el segundo rango legislativo después de la Constitución). No llega con un decreto ley. El poder judicial existe en todas las democracias, pero la Guardia Civil forma parte del identitario nacional y no se puede tocar con ligereza.
Para terminar, recojo la frase que mi admirado Valle-Inclán puso, hace algo más de un siglo, en la boca de un protagonista de Luces de Bohemia: «Santiago y abre España, a la libertad y al progreso». Santiago ayuda poco. Por eso aún queda bastante camino en esa dirección.