El día 3 de este mes se cumplieron 70 años de la entrada en vigor del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal creado para aplicarlo. Fue la primera legislación internacional específica para convertir derechos básicos en ley interna de los países adheridos. En 1953 España estaba encerrada en una dictadura que algunos añoran y, por supuesto, no figura entre los signatarios de aquel documento, que, tras aprobarse la Constitución, ratificamos en 1979.
La efeméride, que aquí pasó desapercibida, sirve para ilustrar esa igualdad de los españoles que proclaman partidos conservadores cuando pelean por evitar que España evolucione hacia un sistema federal, con rasgos asimétricos para las nacionalidades históricas. Los europeos son muy diversos. Entre otras diferencias, hablan muchos idiomas, soportan variadas cargas fiscales y tienen distintos niveles de vida. Eso depende en gran medida de la situación y la legislación de cada país, pero la diversidad no afecta a la igualdad en cuanto a derechos humanos, la más relevante y que, por eso, está protegida a nivel continental con legislación e instancia judicial específicas.
Los derechos humanos son el ámbito de la igualdad, no los idiomas que se hablen o la forma en que se gestionan los impuestos. Después de tanto tiempo en vigor, algunos de los partidos más a la derecha del continente empiezan a estar cansados de la Convención (palabra que ha ido sustituyendo a Convenio) Europea de Derechos Humanos y del Tribunal que la aplica, la ven como a una septuagenaria a la que habría que jubilar. Algunos de esos partidos son aliados de los que aquí usan la palabra igualdad cuando quieren decir uniformidad.
Este verano, algún ministro británico, indignado porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos interfería en su forma de aplicar el derecho de asilo a los inmigrantes ilegales, proponía abandonar el Convenio. No soportan que una instancia externa de su país les recuerde que todos somos iguales en derechos humanos. Quieren continuar el proceso nacional-populista que condujo al Brexit en 2016. Sería la primera vez que un país sale voluntariamente del acuerdo del que, además, fue signatario inicial. Rusia, que lo ratificó en 1998, fue expulsada en 2022.
Otros políticos de la derecha dura se sublevan también contra el Tribunal que les pide rectificar actos inapropiados. El primer ministro húngaro ha llegado a decir que el Tribunal de Derechos Humanos en una amenaza para la seguridad de la UE. Le molesta que no le deje hacer lo que le da la gana. Polonia ha rechazado la decisión de TEDH para restaurar a jueces que cesó por ser incómodos al ejecutivo. Por no hablar de Turquía donde su presidente-sultán hace caso omiso de los acuerdos, no vinculantes, de dicho tribunal para que libere prisioneros políticos.
Juristas conservadores argumentan que los políticos deben ser libres de tomar decisiones sin interferencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El mundo de hoy es menos optimista que el de hace 70 años. Hay muchas cosas que hacer para ayudar a las personas y conjurar peligros, como los que amenazan la sostenibilidad del planeta, pero es muy difícil tomar decisiones y avanzar en la protección de los derechos básicos y la diversidad. Resulta más fácil ir hacia atrás, como tienden a hacer los que hablan de igualdad y se sienten molestos cuando les recuerdan que deben centrarla en el trato que dan a las libertades democráticas y los derechos humanos.