Después de una dura pelea de asociaciones de pymes y autónomos, contamos con una legislación que prohíbe el pago entre empresas a más de 60 días y declara inválido cualquier pacto entre las partes contrario de esa limitación. Pero, como no estableció sanciones para los incumplidores, la mayoría de las grandes empresas hacen caso omiso de la ley 15/2010. Aunque no puedan evitar una disposición contenida en esa norma y que sus auditores reflejen obligatoriamente, cada ejercicio, los plazos medios de pago a proveedores y los de cobro a clientes de cada sociedad mercantil. Gracias a eso, podemos saber lo que pasa.
La luz es corrosiva para los intereses de los que se saltan la ley, permite que la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMCM) estudie la evolución de los hábitos de pago. Las conclusiones del análisis efectuado sobre el ejercicio 2020 son desalentadoras. Las principales empresas, excluyendo las financieras, que cotizan en la Bolsa de Madrid, integrantes del IBEX 35, registraron en ese año un plazo medio de pago a sus proveedores de 191 días, más de tres veces, como media, del límite legal para cada pago. Un dato terrible, que lo es aún más al comprobar que ha aumentado un 9 % respecto al 2019, cuando fue de 176 días. Su plazo medio de cobro a clientes fue de 61 días. Se entiende así su habilidad para financiarse gratis, a base de ahogar a miles de empresas y autónomos a los que compran bienes o subcontratan servicios.
Durante el duro 2020 esos proveedores han tenido que sufrir la pandemia y, al mismo tiempo, aumentar los fondos que adelantan a grandes empresas que se ríen de sus obligaciones legales y cada día pagan peor. Miles de autónomos y pymes, el tejido empresarial básico de nuestra economía, están ahogados por los que mandan. Me he referido en varias ocasiones a este tema, porque es la causa principal de que no surjan suficientes empresas medianas competitivas y no tengamos una economía más industrial e innovadora, los obstáculos que frenan la modernización de España. Si queremos que la economía mejore, sólo hay que concentrarse en aprobar el proyecto de reglamento de sanciones a los malos pagadores, que lleva empantanado en el Congreso desde hace un año y, si hace falta, utilizar los fondos europeos para refinanciar a algunos de los abusones.
Tomando los datos de la PMCM por sectores, los más incumplidores son Comercio y Servicios, y Construcción, con plazos medios de pago a proveedores de 281 y 275 días respectivamente. Las grandes empresas de esas actividades y la propia banca, que gana mucho dinero financiando el circulante de los explotados, viven muy próximas al poder central y son casi intocables. Han conseguido que el proyecto de norma sancionadora, que obligaría a cumplir la ley en vigor y a pagar como en Alemania o Francia, se enrede en idas y venidas por el Congreso. Para eso cuentan con lobbies muy especializados y con recursos. Consiguen incluso que los medios no destaquen este problema salvo en momentos puntuales, casi siempre generados por datos o protestas de la PMCM.
La principal causa de la baja competitividad de nuestro país es fácil de arreglar, pero, como ocurre con el blanqueo de capitales que abordaba en la entrada anterior, el poder establecido, el del dinero en este caso, tiene medios para resistirse. Nuevo caso de bloqueo de una sociedad moderna incapaz de mejorar por la resistencia de los dueños del pasado, que nos condenan a perpetuar una de nuestras peores herencias: pagar tarde.
No obstante, hay que intentar ser optimistas, la agresión a l tejido de pymes es de tal magnitud que hasta ha conseguido romper la unidad de la CEOE, a la que se le ha creado una alternativa: la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes, entrada del 21/5) que deriva de las mismas preocupaciones que hace 13 años dieron lugar a la PMCM. CEOE, demasiado influida por adictos a pagar tarde, tiende a quedarse como organización limitada a las grandes empresas. Quizá este gobierno consiga ponerles en su sitio y promulgar, por fin, el reglamento que nos empuje a una situación más parecida a la del norte de Europa. Aunque se hable poco de ella, es la medida de política económica más importante que tiene entre manos el Gobierno. Para ser un país avanzado hay que pagar como un país avanzado, no se puede esperar mucha inversión en innovación y crecimiento de cientos de miles de emprendedores ahogados en financiar su circulante.