El devaluado poder judicial se revuelve

Es uno de los tres poderes de nuestra democracia, aunque los que lo ejercen no deriven del voto popular. Su relación con los representantes elegidos radica en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), órgano de gobierno de la judicatura compuesto por 20 vocales designados por las Cortes Generales con mayoría reforzada. Esa conexión se ha diluido ahora por la incapacidad de los partidos para llegar a un acuerdo y renovarlo. Toca hacerlo cada cinco años y el pasado día 4 el CGPJ cumplió un quinquenio en funciones, un mandato completo. Mientras, ha habido dos elecciones generales que han cambiado las mayorías en el órgano que los designa.

La judicatura se gobierna por un consejo que ha perdido conexión con el mandato ciudadano. En plena interinidad, la tensión política que atravesamos saca a relucir los instintos de un cuerpo muy jerarquizado, que está rechazando muchas medidas propuestas por el Gobierno. Su visión tiende a ser conservadora, unitarista; desconfían de lo que suene a diferenciarse, hablar otros idiomas o depender de autoridades dispersas. Su idea del Estado es de tradición francesa y, con la ley en la mano, condenaron con dureza a los políticos catalanes que se subieron a la parra del soberanismo ilegal.

No les gusta que la amnistía suponga pasar página de aquel desvarío, la ven como un desafío a su poder de castigar. Se sienten próximos a la indignación de gran parte de la población. El PP está apostando fuerte por azuzar el rechazo, diciendo que nuestra democracia está en peligro. Sin embargo, su sistemático bloqueo a la renovación del actual CGPJ, elegido cuando los populares tenían mayoría parlamentaria, lo deslegitima para dar lecciones en ese campo. Buscan mantener, como sea, influencia sobre la judicatura para recurrir medidas tomadas por el Ejecutivo y aprobadas por el Legislativo, con el convencimiento de que el sesgo interpretativo del marco legal les será favorable. Vox, la versión extremista de identidad nacional que predomina en el PP, está llevando al límite la judicialización de la política.

La línea predominante entre los jueces busca ejercer el tercer poder sin interferencias parlamentarias. Quedaría en manos de un cuerpo de funcionarios con capacidad de influir desde su visión de España, si no les gusta la que apoyan los españoles en las urnas. Es lo que ha pedido, en un artículo publicado en El País el 2 de diciembre, el actual Presidente del CGPJ en funciones, Vicente Guilarte. Para facilitar el acuerdo entre las fuerzas políticas propone descafeinar el CGPJ, eliminando su principal función: nombrar los magistrados del Supremo y los presidentes de Tribunales Superiores y Audiencias Provinciales. Ya nos encargamos de nombrarnos entre nosotros, dice con desinhibida lógica corporativa. Aun así, éste podría ser un camino para llegar a acuerdos si el cambio se limita, por ejemplo, a retirar al CGPJ los nombramientos en el escalón provincial.

Los procesos políticos que envuelven mayorías electorales para elegir el gobierno de los jueces o los miembros del Tribunal Constitucional suelen ser complejos, no sólo en España, por eso en mi libro se analiza como ejemplo del crecimiento de la vetocracia, la cada vez más frecuente aparición de situaciones bloqueadas por la presencia de algún agente con capacidad de evitar cambios. Los motivos que me llevaron a escribirlo no estaban sólo en analizar las raíces de la situación política que atraviesan las sociedades actuales, encerradas en el viejo modelo de estado nación, que se tensiona mucho en un planeta cada vez más poblado e interconectado, sometido a grandes desafíos, como el cambio climático. También propongo soluciones, algunas provistas de automatismos poco susceptibles de ser manipulados. Una línea que facilitaría mucho la adaptación a los tiempos.

Hoy celebramos el 45 aniversario de la Constitución, buen momento para debatir procedimientos que faciliten la evolución institucional. En el ámbito del CGPJ y de casos similares de renovación de altas magistraturas, lo que mi ensayo propone es dar un período máximo de, por ejemplo, seis meses antes de que la novación de cargos se deba producir, para que los representantes elegidos se pongan de acuerdo en los relevos. En caso de no lograrlo, se abriría otra fase: en un plazo corto, todos los grupos parlamentarios propondrían sus candidatos (uno por cada 50 diputados, por ejemplo), que deberían tener características aceptables para el cargo. A continuación, los puestos a renovar se sortearían entre los propuestos. Estoy convencido de que, si se aprobara una vía de estas características, los acuerdos previos serían las norma y nos evitaríamos situaciones de interinidad sin límite. Me temo que no les guste la idea, prefieren jugar a posponer decisiones.