He estado tratando de seleccionar la peor o mejor noticia económica del verano. Por desgracia hay mucho donde elegir para la primera, por eso me incliné por el aplazamiento del acuerdo de la OCDE para aplicar un tipo mínimo en el impuesto de sociedades (16/9). Había muchas más candidatas (guerra, inflación, recesión, ola de calor…) pero la elegida resume las consecuencias negativas, a corto y largo plazo, del pacto entre poderes económicos y aparato político: restringir el efecto redistributivo de la política fiscal, cargar sobre la clase media la creciente presión contributiva y, con ello, abrir la puerta a más populismo y menos libertad.
Pensaba cerrar el capítulo de destacados después de aplaudir, en mi entrada anterior, una victoria histórica sobre el poder económico en España, por la aprobación de la Ley Crea y Crece, que penaliza a los “morrosos” que se financian con sus proveedores, casi siempre pymes y autónomos. De las pocas noticias favorables que se pueden encontrar en estos tiempos.
No contaba con que la comunidad peninsular más poblada y más pobre, que demanda permanentemente recursos para poder cubrir las necesidades de sus gentes, se apuntara a la fiesta de despropósitos y decidiera suprimir el impuesto sobre el patrimonio. Andalucía tiene demasiados ciudadanos de a pie con necesidades básicas poco atendidas como para hacer beneficencia con los más ricos. A su Presidente, Moreno Bonilla, le pueden haber presionado sus votantes más elitistas, la competencia de Gibraltar o de Madrid, que es la que inició, dentro de España, esta poco ejemplar competencia para captar fortunas. El Presidente de Andalucía, cuando el verano se apagaba, se ha buscado un puesto destacado en el ranking español de las noticias económicas más negativas del período.
Su referencia es la capital, la mayor ciudad europea que no está en la costa o en la ribera de un río navegable. Nació y vive de los recursos y la influencia del Estado, al que debilita con su política fiscal. Su ejemplo cunde entre la derecha más insolidaria, que, si la dejan, podría llegar a suprimir un impuesto que fomenta el equilibrio social. Las necesidades allí son mucho menores que en Andalucía pero tiene, por ejemplo, un déficit sanitario importante que afecta a la parte menos protegida de su población, sobre todo los mayores. Ha sido la región de Europa con más muertos per cápita por la pandemia de covid19. Otro copa europea para la vitrina.
España tiene una estructura territorial compleja que tensiona los períodos democráticos, como vemos también ahora. El nacionalismo español más radical, que desconfía de soluciones en línea federal, se concentra en el eje centro-sur, no quiere perder el control de zonas ricas que lo sostienen. Madrid incorpora con naturalidad elementos culturales meridionales (flamenco, toros, cacerías, exceso de amiguismo o de pillería, como en el caso que comento), que tiene a elevar a nacionales, porque, como dice su presidenta, Madrid es España.
No debe tolerarse la competencia fiscal para atraer a los más poderosos y, con ello, defender sus privilegios y que no haya mayor igualdad y ascenso social. Además, se ha elegido el peor momento, con déficit fiscal preocupante y una coyuntura que demanda más gasto público. El federalismo fiscal es saludable pero, al igual que los países más importantes han acordado aplicar una tasa mínima común para el impuesto de sociedades de las grandes multinacionales, en España parece recomendable hacer lo mismo para los tramos más elevados de los impuestos sobre el patrimonio y la renta.
La decisión del gobierno de crear una tasa específica para las grandes fortunas con duración limitada a unos años parece una improvisación provocada por las CCAA gobernadas por la oposición y restricciones normativas sobre los impuestos cedidos a las autonomías. Lo razonable sería copiar la tendencia internacional de garantizar mínimos de aportación a las arcas públicas de los más poderosos, porque debe buscarse un efecto permanente, más allá de una coyuntura específica. Para ello, lo idóneo es contar con un acuerdo entre las principales fuerzas políticas, pero, para nuestra desgracia, parecen más fáciles de lograr los consensos internacionales que los interiores.
Alguien, en algún momento, dijo: «No hay ningún libro tan malo que no tenga algo de bueno». Me viene a la memoria porque, lo que pretende defenderse en la entrada objeto de comentario, me merece, desde el mayor respeto, similar reflexión.
Aunque no es mi intención extenderme, dicho lo dicho no puedo omitir un par de consideraciones. Desde el punto de vista político, tanto en el caso de Madrid como en el de Andalucía, sus actuales gobiernos no materializaron ninguna «ocurrencia». No otra cosa que cumplir con sus respectivos programas electorales, que fueron respaldados por amplias mayorías y cabe suponer que estas no se nutren precisamente de los denostados «poderosos». Además, por lo hasta ahora visto y teniendo en cuenta que la bondad, o no, de las decisiones, se mide por los resultados, no parece
que las cosas vayan mal en ambas comunidades.
No es baladí, de otra parte, que el impuesto sobre el patrimonio sea en España una «rara avis» dentro de la U.E., independientemente del color político de los gobiernos, injusto por redundante y, en muchos casos, confiscatorio.
No cabe olvidar que fue el gobierno socialista de Zapatero el que decidió su bonificación, con argumentos descalificatorios para tal carga impositiva, aunque más tarde lo recuperó bajo presiones coyunturales.
Por todo ello y otras varias razones de probada eficacia recaudatoria, discrepo de sustancial de lo que expones. Puedo compartir algunos de los objetivos que defiendes pero no el modo de conseguirlos.
El impuesto sobre el patrimonio es discutible, pero, como indico en el libro, me parece importante para repartir la carga fiscal de forma más justa. En eso no veo matices, si los que más tienen, incluidas las grandes multinacionales que compiten con ventaja con las empresas normales al tributar menos, no soportan una carga mayor, la creciente presión fiscal tiende a aplastar a las clases medias y a las pymes y, con ello, reducir las bases sociológicas de la democracia, cuya defensa es la razón por la que mantengo este blog. El argumento de que Madrid va bien requiere otros análisis, se ha especializado en absorber todo lo que puede de lo que hay en España, por eso dice que es España. También a Suiza, Andorra o Gibraltar les va bien fastidiando a los demás, el colmo es que aquí lo haga una ciudad creada para acumular el poder del Estado del que vive y al que debilita con su agresividad fiscal para captar a las mayores fortunas.