La regulación del entorno laboral condiciona la evolución de la economía y del empleo de calidad. Para tomar una referencia sobre sus implicaciones conviene saber que, por ejemplo, una de las razones principales de que hayamos evitado inflaciones significativas en el conjunto de países de la OCDE durante los períodos de crecimiento de las últimas décadas, además de la mayor independencia y eficacia de los bancos centrales, es que, en ese espacio, ha disminuido el número de trabajadores cubiertos por revalorización automática de salarios, desde un 38% en 1970 al 16% en la actualidad.
Tenemos ahora una situación particularmente compleja para la política económica, con un aumento de costes de logística y producción que se trasladan a los precios, un endeudamiento público que resta margen de maniobra a las medidas fiscales para estimular el crecimiento y unos tipos de interés inusitadamente bajos. Ante un repunte inflacionista, es justo que se aumenten las retribuciones y se suba el salario mínimo, pero hay que cuidar automatismos que puedan meternos en una dinámica de estanflación, inflación con bajo crecimiento.
El marco complica la derogación de la reforma laboral del PP, pues convendría evitar más rigideces en la oferta de trabajo, como pide la parte minoritaria del Gobierno que ya lo hizo figurar en el acuerdo con el PSOE para entrar en el Ejecutivo. En la presión de Unidas Podemos (9,82% de los votos en las últimas elecciones generales) influyen mucho las centrales sindicales. Organizaciones conservadoras, que repiten los planteamientos durante decenios, burocratizadas y con escaso relevo de dirigentes. Quieren apuntarse tantos y ganar, vía negociación colectiva, la influencia que pierden tras una sostenida caída de afiliación (ahora sólo están sindicados el 13,7% de los trabajadores) durante las últimas décadas.
Se está haciendo difícil la gestión de la economía, se van cerrando los márgenes de maniobra. La política monetaria está en manos de un organismo supranacional y el Gobierno se ha quedado casi sin capacidad de aumentar el gasto ante un posible horizonte de bajo crecimiento e inflación reforzada por automatismos en las retribuciones . Tenemos en manos de organizaciones no muy representativas los principales problemas del empleo en España: el paro y la ocupación temporal. Ambos se mantienen a niveles excesivos, aunque el volumen de ocupados supere ya las cifras anteriores a la pandemia.
La temporalidad en España (24,7%) está muy por encima de la media europea (13,7%), sólo nos supera la pequeña república de Montenegro. Otros países latinos y con peso importante de sectores que impulsan la temporalidad, como el turismo, registran tasas mucho más bajas que nosotros: Italia el 15,5% y Portugal el 17,6%. Si se observa el comportamiento de esta variable que ayuda a definir la calidad del trabajo que tenemos, se ve que mejora en las crisis y empeora en los períodos de crecimiento. La principal razón es que el blindaje de los contratos fijos lleva a los empresarios a tener una alta tasa de temporales para poder reducir costes si la situación les obliga a hacerlo. Este es un factor que mejoró tras la reforma del 2012 y, al parecer, no está en la negociación actual.
La representatividad de CEOE, dominada por las grandes empresas, empieza a debilitarse en el espacio en que pueden impactar más las principales medidas que plantean Trabajo y los sindicatos. Como he comentado en otras ocasiones, se ha creado una nueva plataforma patronal de las pymes (CONPYMES) que compite con la CEPYME, integrada en CEOE. De consolidarse, la nueva plataforma nos llevaría al tipo de organización patronal que predomina en los países europeos, una para las grandes empresas y otra para las pequeñas y medianas.
Las pymes están en grave riesgo de que les aumenten los automatismos en condiciones laborales, si sale adelante la principal propuesta por la que presiona Yolanda Díaz, una política en alza, vicepresidenta segunda y líder de Podemos: que los convenios de sector prevalezcan sobre los de empresa y que estos sean negociados con presencia sindical casi obligatoria, aunque los trabajadores de la empresa no estén sindicados. Como algo de esto parece inevitable, cabe esperar que se prevean condicionantes para no arrojar la adaptabilidad de cerca del 90% de nuestro tejido empresarial en manos de organizaciones que lo representan poco.
Otra razón del alto nivel de precariedad del empleo es el excesivo número de pequeñas empresas en España. Con la correlación de fuerzas actual, podría ocurrir que la patronal aceptara cambios en la regulación laboral a condición, aunque no se diga, de concesiones en aspectos que preocupan a grandes corporaciones, como el proyecto de ley que busca sancionar a los malos pagadores (entrada del 26/10, Falta voluntad política para resolver un grave problema). En democracia, los acuerdos deben contar con el respaldo de los principales afectados, el sufrido ejército de pymes en este caso. En la negociación de los cambios del marco laboral no está claro que vaya a ocurrir.