La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado, la semana pasada, multar a 12 filiales de grandes y pequeñas constructoras con un total de 61 millones de euros, por establecer un complejo sistema para repartirse las licitaciones de Fomento para conservación y explotación de carreteras entre 2014 y 2018. Lo gestionaban en intensas reuniones para “tomar café”. La decisión aún puede ser recurrida ante la Audiencia Nacional.
Que el Estado sea capaz de poner coto a los excesos provocados por el desmesurado peso de las grandes constructoras en España es motivo de esperanza para la modernización del país. La principal multa impuesta esta vez (11,8 millones de euros) ha recaído en una filial de ACS, un grupo muy importante y con cierto liderazgo en el sector, especialmente por su peso en el palco del Bernabeu, un espacio privilegiado de influencia política.
Sólo falta ahora que ese Estado de todos sea capaz de vencer la resistencia de las principales constructoras y de parte de la gran distribución a que se apruebe, por fin, la ley de medidas sancionadoras para los que no cumplen el mandato legal de no pagar a más de 60 días. El proyecto de ley lleva un año dando vueltas por el Congreso, mareada por lobbies muy eficaces, con influencia incluso en la financiación de partidos políticos. Es un tema reiterado en estas páginas, porque es el mejor camino del que disponemos para impulsar una mayor industrialización y capacidad investigadora de nuestra estructura productiva.
El funcionamiento eficaz de los mercados es necesario para el desarrollo de la democracia. Siempre hay que vigilar a los muy poderosos, creo que era J.K. Galbraith el que decía aquello de que cuando unos empresarios se reúnen siempre acaban hablando de precios. Es una de esas leyes, casi físicas, que rigen el comportamiento humano y que hay que vigilar para que no desequilibre las normas que nos permiten convivir en un marco equilibrado de derechos y oportunidades,
El problema principal está ahora en el enorme espacio supraestatal, donde operan gigantescos conglomerados empresariales y las autoridades de competencia nacionales tienen menos capacidad de actuar. Lo he venido denunciando en casos como el de Facebook (Zuc-ker-berg, entrada del 03-10-19), empresa envuelta estos meses en un proceso abierto por la Comisión Federal de Comercio de su propio país por abuso de posición dominante. También la UE está empezando a tomar en cuenta estas situaciones con multas recientes a Google o a Amazon. Es imprescindible la actuación de autoridades especializadas de las principales economías en el mercado mundial que ha abierto internet, para lograr que se mantenga en él una sana competencia y, entre otras cosas, se favorezca la aparición de nuevas iniciativas.