Los impuestos sobre la riqueza, como el que el Gobierno quiere aplicar sobre grandes fortunas, son más importantes para desgastar excesos de desigualdad, que por su capacidad de recaudación. He escrito en otras ocasiones que los tasas sobre el patrimonio deben ser bajas, más o menos la mitad de lo propuesto para el nuevo tributo español que oscila entre el 1,7 y el 3,5% anual, y aplicarse a partir de patrimonios de 8-10 millones, aquí parece que se devengará a partir de 3. La izquierda tiende a incluir en el capítulo de muy ricos a la clase media alta, que tiene una función social importante.
En la propuesta de nuestro ejecutivo tiene demasiado peso el afán recaudatorio de Hacienda, que resulta esperable ante una recesión que exigirá más recursos a un Estado muy endeudado. Se busca recuperar el impuesto del patrimonio donde no se cobra, lo que sin duda provocará pleitos sobre atribuciones promovidos por las comunidades más adictas a hacer caridad con los ricos. La mejor prueba de confluencia entre ambos tributos es que está previsto que la liquidación del impuesto sobre grandes fortunas permita deducir lo pagado por el de patrimonio, donde esté vigente.
Con esta iniciativa del Gobierno, la Comunidad de Madrid ve amenazada su política de acoger patrimonios familiares. Como he explicado en otras ocasiones, el suyo es un caso de desvergüenza grave, porque esa comunidad debe su existencia y desarrollo a concentrar competencias políticas y administrativas comunes y domicilios de grandes empresas nacionales. Vivir de las demás CCAA le permite presumir de más eficiencia y poder competir con ellas. Desde su visión egocéntrica, la presidenta de la comunidad ha expresado recientemente su temor a que algunas de las fortunas allí radicadas se marchen a Portugal. O, añado yo, a Andorra, Gibraltar, Holanda, Luxemburgo…
Desde esta esquina del noroeste importa poco que los grandes patrimonios se vayan a Madrid o a Portugal, no somos tan españolistas como Díaz Ayuso y con Portugal tenemos una balanza comercial más favorable, nos gusta que les vaya bien. Además, está más cerca y esos emigrantes fiscales no se desvinculan tanto de su tierra.
El grave problema al que nos enfrentamos no es ese. Es el exceso de competencia en bajar impuestos a los que más tienen. La Presidenta de la comunidad madrileña se sitúa en el bando agresor y Feijoo debería tener más cuidado con esas políticas. Se lo advertía hace unos días (entrada 9/10), al comentar los problemas de Liz Truss, la nueva primera ministra británica, que camina por el borde del abismo político por empeñarse en rebajas fiscales a los más favorecidos con una economía entrando en recesión y la libra en mínimos históricos. Para intentar sobrevivir al lío que ha montado con sus rígidas ideas, se ha visto obligada a prescindir de un fiel aliado, el ministro de finanzas, Kwasi Kwarteng, elegido como cabeza de turco sólo 39 días después de haberle nombrado para el cargo (*).
El concurso de a ver quién baja más los impuestos a los ricos reduce los ingresos fiscales en plena crisis y el peso de figuras fiscales que combaten la desigualdad y, con ello, ahonda la radicalización social. Necesitamos acordar tasas mínimas obligatorias a nivel europeo, empezando por una política interior de ese tipo, que deje libertad a las CCAA para realizar su política fiscal sólo por encima de los suelos comunes. Se trata de extender a los tramos muy altos de los tributos sobre la renta, patrimonio y sucesiones la lógica que mueve los acuerdos de la OCDE para imponer mínimos en el impuesto de sociedades de las multinacionales.
(*) Tres días después de publicarse la entrada, Liz Truss dimitió. La última primera ministra nombrada por Isabel II se convirtió en la persona que ocupó menos tiempo ese cargo en la historia del Reino Unido.