La desgracia ocurrida en Valencia por la reciente dana ha generado multitud de debates sobre la falta de prevención, lentitud en la alerta y en la respuesta posterior del Estado, y muchas aportaciones sobre lo que debe hacerse para proteger a la población ante futuras situaciones similares que pueden ser más frecuentes. No voy a entrar en esos temas, me preocupan las raíces que desajustan la eficacia del Estado, primer capítulo de mi ensayo (El poder del aparato). Si no conseguimos que funcione bien para responder a los problemas, abonamos la llegada de desgracias y, también, el crecimiento de populismos que ponen en riesgo las libertades y la salud del planeta.
Cada vez más, la gente apuesta, como acabamos de ver en los EEUU, por líderes que dirigen con mensajes simples, potenciados por las redes sociales, que acaban siendo un peligro para la paz y la libertad y especialmente para los derechos de las mujeres. Pero al menos toman decisiones en asuntos complejos. Aunque sea duro reconocerlo, la medida más importante para hacer frente a las consecuencias de las lluvias torrenciales, de las “gotas frías”, la tomó el régimen de Franco con el Plan Sur de Valencia que, tras la grave inundación de 1957, invirtió mucho en un nuevo cauce del Turia y evitó que la capital se volviera a sumergir el pasado 30 de octubre. Aunque aquellos también fueron tiempos de desmadre urbanístico que bloqueó rieras.
El ascenso populista parece imparable. En parte, echa raíces en la ineficacia de los estados de derecho, que han perdido flexibilidad para evolucionar y capacidad de reacción en temas clave, por los sistemas de contrapoderes, creados para evitar excesos, y por el gran crecimiento del aparato político y burocrático. La situación, ayudada por las redes sociales, favorece a los veto players como los llamó el pensador greco-americano George Tsebelis. Ahora cuentan con muchos medios para frenar cambios que sienten que les perjudican. Cada país tiene una organización estatal con características propias que facilitan en mayor o menor medida bloqueos de esos activistas. Las debilidades de España son difíciles de solucionar en un clima de crecientes enfrentamientos políticos que refuerzan el papel de nuestros jugadores de veto.
El escalón más próximo al ciudadano, el ayuntamiento, tiene poca capacidad de actuación como se ha visto en Valencia. Los muy pequeños por carecer de medios para hacer algo, los más grandes porque sus dificultades se extienden más allá de sus límites y no pueden resolverlas, las soluciones previstas para ello tienden a generar más gasto e inoperancia. Creo que a España le sobran más de tres cuartas partes de sus 8.125 ayuntamientos. Hay que reducirlos con decisión para fortalecer la administración más próxima al ciudadano, como han hecho otros países europeos, o arbitrar un sistema que haga muy difíciles de frenar propuestas de fusión en condiciones determinadas. Portugal (10,5 millones de habitantes) cuenta con 308 ayuntamientos, la provincia de Burgos, tiene 371 para 360.000 ciudadanos. Prácticamente la mitad de la población vive en la capital, queda una media de 486 personas para cada uno de los restantes, Jaramillo de los Caballeros tiene sólo nueve. Están en una comunidad gobernada por el mismo partido desde hace 35 años.
Luego tenemos las diputaciones. Se supone que sirven para ayudar a los ayuntamientos que tienen pocas capacidades ¿qué hizo la de Valencia en la desgraciada situación vivida? A nadie le preocupa. El sistema de provincias que viene de una administración muy centralizada, es incompatible con el de autonomías que conduce a una federación. Es el peor defecto de nuestro Estado. Hay que sacar las provincias de la Constitución para poder suprimirlas, salvo excepciones que cada comunidad pueda manejar como en el caso vasco, y usar las CCAA como distritos electorales. Pero ayuntamientos y provincias sirven para colocar a decenas de miles de amiguetes, tenemos mala suerte.
La postura del actual gobierno, empujada por sus acuerdos en Cataluña, es caminar hacia un sistema federal, el único que puede funcionar en democracia en España y es, además, el más barato. Los estados federados, como los ayuntamientos, deben contar con policías y sistemas de emergencia propios y sólo pedir ayuda a fuerzas militares en casos extremos como el ocurrido ahora. La actuación de la Generalitat valenciana ha sido patética. Por inoperancia, pero también por falta de medios y estructuras profesionales.
La catástrofe vivida en Valencia y la tardía reacción del Estado llevarán a tomar medidas que mejorarán una situación previa muy débil aunque supongan más gasto y no profundicen en las causas últimas de las debilidades. Espero equivocarme, pero no se va a reducir radicalmente el número de municipios, ni a suprimir las provincias y potenciar las autonomías. Medidas que, unidas a las mayores funciones de la UE, conducirían a una cura de adelgazamiento de la excesiva Administración central. No nos quejemos de que aumenten los populismos, lo hacen porque los sistemas democráticos no son capaces de encontrar consensos y adaptarse a realidades muy diferentes a las que subyacen a su actual organización, muchas procedentes de hace uno o dos siglos. Los neofascistas sólo van hacia atrás y eso es aún peor, por eso muchos esperamos de los políticos más acción y menos rollo. Y menos mal que, como se ha vuelto a demostrar con lo sucedido en Valencia, los españoles somos muy solidarios.