Se observa un debilitamiento de los sistemas democráticos por la presión y manipulación que ejercen Estados autoritarios, Rusia y China especialmente, y el aumento de las desigualdades sociales, acompañado de una reducción de las clases medias. Temas que se tratan en el libro que sirve de referencia al blog y se vienen reafirmando desde la primera edición (2017).
Como se recoge en una entrada anterior (04/02), en España la pandemia ha tenido un impacto muy negativo sobre la economía, con un fuerte aumento de la deuda pública para paliar sus consecuencias. La coyuntura internacional impulsa la inflación, recomendará la subida de tipos de interés y dificultará más la reducción de la deuda. El sector privado también está apretado, no sólo por la caída de demanda a causa del alza de los precios, también porque, a partir de junio, las empresas empezarán a amortizar los créditos que recibieron en 2020 para hacer frente a la crisis sanitaria.
Cada vez hace falta más dinero para atender a gente que lo necesita. El número de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza ha crecido mucho y sigue habiendo sectores y empresas que demandan asistencia del Estado para prologar ERTES, refinanciar deuda y acometer inversiones para la digitalización o la eficiencia energética.
Hacienda aprieta todo lo que puede pero nuestra política fiscal tiene agujeros notables. Estamos pendientes de conocer el dictamen del comité de expertos independientes que se creó en abril pasado para emitir una propuesta de medidas que orientarán la reforma fiscal que el Gobierno prepara. Según noticias filtradas a la prensa, habrá al menos dos propuestas que resultan lógicas.
La primera es establecer un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades a las empresas que operan en España. Se trata de adaptar a nuestro marco jurídico los acuerdos en esa línea tomados por la OCDE, el G-20 y la Unión Europea. Es un paso muy importante a nivel internacional y debe suponer un aumento significativo de ingresos fiscales provenientes de organizaciones muy fuertes.
La otra medida es más controvertida porque afecta a atribuciones de Comunidades Autónomas que las usan, sobre todo Madrid, para hacer competencia en beneficio de personas con ingresos y patrimonios elevados, cuyo domicilio se quiere captar, aunque afecte negativamente a la justicia impositiva. Mi libro explica (pgs 96-99) la evasión fiscal de los más ricos, que no dejan de aumentar su patrimonio, y el paralelo crecimiento de la presión recaudatoria sobre las clases medias que se van debilitando poco a poco. El proceso se acelera y, con él, el enfrentamiento social, el populismo y, en último término, la pérdida de libertades.
Parece ser que se recomendará la imposición de un tramo impositivo estatal, como en renta, en los demás impuestos que combaten la desigualdad: patrimonio y sucesiones. Debería afectar sólo a los escalones muy elevados, los que más influyen en algunos partidos y los que deberían asegurar un nivel de recaudación mayor que evite la erosión de la clase media y, con ella, de la democracia.
También es conveniente presionar a la UE para combatir las capacidades de los paraísos fiscales, como Gibraltar y Andorra, e iniciar un proceso de eliminación del dinero efectivo, como hacen los países nórdicos o Australia. Impulsaría la recaudación de Hacienda (un 15% es la estimación que se recoge en mi ensayo sobre el tema, La Energía Oscura del Dinero 2.1)), la haría más justa y ahorraría muchos costes al sector público y al privado.