Los políticos populistas se consideran por encima del pueblo o de sus derechos básicos, aunque se presenten a elecciones más o menos preparadas para que las ganen. Hemos conocido las declaraciones del principal líder de la oposición en Moscú, Aléxei Navalni, cuando ya está casi recuperado del envenenamiento que sufrió el 20 de agosto, acusando a los servicios secretos rusos de ser los autores de ese intento de asesinato político. Todo parece indicar que así fue, especialmente por el sofisticado veneno empleado.
Tuvo suerte. La que, por ejemplo, no tuvieron en 2005 la periodista Anna Politkovskaya, que fue asesinada por un pistolero cerca de su casa en Moscú tras sobrevivir a un envenenamiento el año anterior, ni Alexander Litvinenko, antiguo coronel de los servicios secretos, exiliado y devenido un crítico del Presidente Putin, que no superó su dosis de veneno. Hay más casos.
El nuevo zar tiene un año complicado, cuando pensaba disfrutar de un gran momento de gloria. Le falla la economía, por eso deja que Turquía gane influencia tras el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, a cambio de que le compre unos misiles. Con ello también debilita a la OTAN. Putin libra una guerra de bajo coste, no está para grandes dispendios. Quizá eso lo haga más peligroso porque, desde sus tiempos en la KGB, tiene experiencia en dirigir insidias y seguirá haciéndolo, dentro y fuera, para boicotear cualquier cosa que huela a mejora de la democracia en su país y en el mundo.
Al mismo tiempo que se publicaron las declaraciones del resucitado Navalni, supimos que piratas informáticos habían accedido a los sistemas de varios departamentos federales de los EEUU. Las agencias de seguridad de este país responsabilizan a la inteligencia rusa. La derrota electoral de su amigo Trump reafirma probablemente la alergia hacia los estados de derecho que sufre el Presidente ruso, especialmente a las elecciones abiertas. La tentación de robar información de valor es excesiva para dar tregua, sobre todo cuando el enojado e irreflexivo Trump acababa de despedir al jefe de ciberseguridad de su país, Christopher Krebs, por negar que hubiera habido fraude en las recientes elecciones presidenciales.
Como variante legal de violencia ejercida desde el Estado se puede considerar la reciente afición del Presidente Trump a permitir la ejecución de condenados a muerte. Acaba de sufrirla un afroamericano de 40 años, Brandon Bernard, por un crimen cometido cuando tenía 19. Después de 17 años sin ejecuciones, se recuperó la práctica el pasado mes de julio, supongo que para captar voto de supremacistas blancos ante las presidenciales.
Con la comentada, van 9 en estos pocos meses. Hay cinco más programadas hasta el 20 de enero, el día en que dejará la Casa Blanca, la última ejecución se realizaría justo el día anterior. En pocos meses se convertirá en el Presidente que aplicó más penas de muerte desde hace más de un siglo. De seguir así, igualaría el récord de ejecuciones consumadas en el último año de mandato, que tenía, desde 1896, el Presidente Glover Cleveland con 14.
Existía el uso consuetudinario de que el Presidente saliente aplazara las penas de muerte previstas para el período de transición, pero al niño gordo, rico y mal criado le gusta destacar y presumir de sus ideas. Quiere dejar huella, el mes que le queda va a hacerse muy largo.