Este fin de semana, el G20 ratificó el acuerdo de la OCDE, respaldado por 130 países, para aplicar un tipo mínimo del 15 % en el impuesto de sociedades. Un paso necesario para asegurar una base de recaudación a los Estados y sostener su creciente carga de gasto. También para evitar condiciones de competencia que favorecen a las multinacionales y reducen la capacidad de respuesta de empresas de menor dimensión. La oposición a la medida ha venido de pequeños estados egoístas, como Irlanda, Estonia y Hungría, que juegan a captar inversiones rebajando impuestos. Otros países que la apoyan piden un mínimo más elevado porque temen, con cierta razón, que las maniobras de unos y otros arrastren la tasa habitual a las cercanías del mínimo.
Desde el 1 de julio, las empresas de comercio electrónico que vendan más de 10.000 euros al año en un país de la UE tendrán que cargar el IVA correspondiente a ese Estado en lugar de aplicar el de origen. La medida tendrá efectos similares a la anterior, al reforzar los ingresos públicos en el continente y eliminar una ventaja injusta a favor del creciente e commerce. Dos buenas noticias que se suman a un aumento de costes del transporte por la subida de precios de los combustibles y la escasez de contenedores para traer mercancía de Asia, que también limitarán la capacidad de las plataformas comerciales en internet.
Las condiciones fiscales equilibradas no son sólo un asunto de equidad impositiva y recaudación fiscal, también lo son de eficacia. Los consumidores deben distinguir sin distorsiones las ventajas e inconvenientes de unos u otros proveedores para que seleccionen con coherencia a los más eficientes.
En este contexto más racional, España debe tener cuidado de no favorecer en exceso las iniciativas del planeta digital. Queda muy bien ofrecer un impuesto de sociedades del 15% para captar startups, el tipo mínimo que permite el acuerdo de armonización internacional. Pero son empresas que muchas veces operan en sectores donde hay otras que pagan el 25%. Tengo una especial sensibilidad para las actuaciones discriminatorias, quizá porque en mi larga vida de ejecutivo y empresario me ha tocado la tarea de impulsar la evolución de organizaciones con más de un siglo de vida, que cumplen las normas y pagan sus impuestos, en un país donde el marco regulador, especialmente el laboral, dificulta adaptaciones rápidas y, a veces, aparecen competidores con ventajas específicas (subvenciones, créditos blandos, domicilio fiscal en el exterior…) que complican todo.
En mi libro reciente sobre el papel moneda y su protagonismo en todos los sectores ilegales hago la misma apreciación por la obligación de aceptar el pago en efectivo, que, según la legislación vigente, debería afectar a todas las actividades comerciales, salvo para importes muy altos. Pero no se le exige a los competidores on line. A Amazon, por ejemplo, se le complicaría la existencia si tuviera que aceptar el pago en metálico. Parece que están en otro planeta. Así cuentan con armas, entregadas por el Estado, para irse librando del comercio de calle, obligado a gestionar el sistema de pago más caro que existe.
Las inercias de normas antiguas y las modas llevan con demasiada frecuencia a alterar el marco competitivo y perjudicar la capacidad de sobrevivir de compañías que proceden del pasado y buscan adaptarse, una tarea difícil que hay que practicar permanentemente si se quiere continuar en buena forma. Más aún en el mundo de hoy
Nuestra Vicepresidencia Primera (desde el sábado) del Gobierno lo es de Economía y Transformación Digital y, desde esa posición, es fácil negociar con Hacienda para que eche una mano en el lado digital de sus competencias, que, por supuesto, representa un sector muy importante. Nadia Calviño, a la que felicito por un ascenso merecido y tranquilizador (conoce las limitaciones que impone una economía abierta y tiene sentidiño), debe afinar el nuevo marco del impuesto de sociedades para no alterar mucho las condiciones de competencia e intentar ayudar a las muchas stardowns, como llamo a las empresas veteranas que nunca están de moda, con un buen programa de apoyo para poder digitalizarse y seguir adelante. También les vendría muy bien que terminaran de tramitar la ley para forzar a los malos pagadores a abonar las facturas en un plazo máximo de 60 días . El sindicato de morrosos, con mucho poder en el centro del país, lleva 14 meses parándola en el Congreso. El comercio electrónico cobra al contado.
