La Comisión Europea había decidió en 2016 obligar a Irlanda a cobrarle a Apple los impuestos de sociedades que habría dejado de tributar (14.300 millones de euros con intereses de demora), en el marco de un acuerdo preferencial para facilitar que una filial de la empresa se instalara en aquel país. Ahora, el Tribunal General de la UE ha anulado esa decisión, alegando que no se había justificado suficientemente el importe reclamado.
Aún cabe apelar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esperemos que se recurra y que prospere, porque, si la sentencia deviene firme, será muy mala noticiapara la justicia recaudatoria y para las normas de competencia europeas. Es muy injusto que un monstruo que gana miles de millones, tribute menos del 1% de sus beneficios. Estoy pensando en las numerosas empresas que pelean aquí por tener beneficios y, cuando los consiguen, pagan a Hacienda un 25%.
Las ventajas otorgadas por Irlanda a Apple es un ejemplo de malas prácticas que se toca en mi libro. Defiendo la libertad de cada país para fijar impuestos, pero también la necesidad de combatir la excesiva competencia fiscal estableciendo tipos mínimos para los principales tributos, tanto en la UE como dentro de cada Estado asociado. A nivel europeo es muy grave lo que hacen países como Irlanda y Holanda.
Llegan tiempos muy difíciles para las finanzas públicas y los pequeños países citados en el párrafo anterior son parte del núcleo duro que quiere establecer condiciones estrictas a los del sur del continente para devolver las ayudas europeas que se les entreguen. Son muy cínicos a la vista de cómo perjudican a los demás con sus prácticas.
Este también es un ejemplo de las limitaciones del Estado nación para controlar los excesos de las grandes multinacionales, que, al final, además de su tamaño y capacidad tecnológica, también se benefician de pagar menos impuestos. Una ventaja intolerable que pone en situación difícil a sus competidores más pequeños y justifica las críticas a los excesos de la globalización. La solución institucional más avanzada que hemos desarrollado para superar esas limitaciones, la UE, debe hacer un esfuerzo importante para imponer racionalidad en el espacio común, asegurando marcos de competencia equilibrados y bases justas para la financiación de las administraciones públicas. Ahora es más urgente que nunca.
Mientras tanto, los ciudadanos de a pie podemos colaborar, como ya he pedido en otros casos, boicoteando a los que abusan de su poder. Que las cosas mejoren también depende de cada uno de nosotros.