Franco decidió que, tras su muerte, se restableciera la monarquía. Era la segunda vez que los militares realizaban esta tarea, la anterior fue cosa de los generales Serrano y Martínez Campos cuando remataron con la primera república y entregaron el trono a Alfonso XII, bisabuelo de Juan Carlos I. Somos el único país europeo que, después de derribarla, ha recuperado la monarquía en el último siglo y medio. Y lo hemos hecho dos veces de la mano de los generales.
En la España actual hay muchas tensiones políticas y algunas tendencias disgregadoras. En ese marco, para los principales partidos la monarquía es una solución institucional que ayuda a cohesionar el país. Sólo así se explica que hace unos días PSOE, PP y Vox impidieran en la Mesa del Congreso la tramitación de una propuesta del PNV para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y que, sin tocar la Constitución, los jueces pudieran intervenir en las actividades privadas del monarca. No es la primera vez que se impide el debate sobre este asunto.
La Fiscalía del Supremo asumió esa inviolabilidad total del rey para archivar, a principios de marzo, distintas causas contra el emérito. Un asunto que pesa sobre la imagen de la monarquía y justifica que se mantenga fuera del país a Juan Carlos I. Una persona que, al contrario de lo que dicen sus defensores, no jugó un papel relevante en la Transición. Nos lo recordaba hace poco Oscar Alzaga, ex político, fundador de la UCD y catedrático de Derecho, al presentar sus memorias sobre aquel período histórico. Según él, el factor determinante para impulsar la consolidación democrática fue el deseo de los españoles de formar parte de la Unión Europea. Hubiera operado también si hubiéramos elegido un sistema republicano, pero las fuerzas armadas no lo tolerarían porque deslegitimizaría el golpe que dieron en 1936.
En un sistema democrático no resulta aceptable que una persona, sea cual sea su alcurnia, no pueda ser investigada en los tribunales por la comisión de un hecho presuntamente delictivo de ámbito privado. El rey y su familia viven del presupuesto del Estado y resulta bastante escandaloso que el titular de la institución haya podido cometer un fraude fiscal multimillonario y se vaya a un retiro dorado, amparado en su inviolabilidad absoluta, cuando los ciudadanos están cada vez más apretados por Hacienda.
Felipe VI está intentando recuperar la maltrecha imagen del trono, consecuencia de las licencias toleradas a su progenitor, mediante un ejercicio de transparencia y renunciando a su herencia. Para mejorar el primero de esos puntos sería recomendable que se agruparan en un apartado específico de los Presupuestos todos los recursos asignados a la Jefatura del Estado, sumando los que están desperdigados en distintos organismos a los que figuran en el apartado de la Casa Real. En el otro aspecto, el rechazo a la herencia paterna es parcial, al menos mientras no renuncie a la Jefatura del Estado, la parte más importante de lo recibido, un puesto público del máximo nivel y muy bien retribuido, transmisible a sus sucesores.
Decía el profesor Henry Kamen, historiador e hispanista británico, en una entrevista reciente: “España nunca ha sido monárquica, después del siglo XVI los españoles siempre han tenido dudas sobre la monarquía”, “de todos los países europeos España era el que más rechazaba su propia monarquía en el siglo XIX y me parece que todavía no ha salido de esa actitud”, “esperar o reclamar fidelidad de parte de los españoles hacia la monarquía es pedir casi lo imposible”.
PSOE y PP deberían reflexionar sobre todo esto. No es saludable para la calidad de nuestra democracia permitir que las personas que la representan se consideren inmunes a cualquier actuación de los tribunales que, sin embargo, pueden juzgar a todos sus súbditos. Una excepción tan contraria a lo normal en un estado de derecho provoca desafección adicional de muchos españoles hacia la institución que los dos partidos quieren proteger.