Conozco algunas personas de Vigo que viven en la ribera sur del Miño. Les queda muy cerca, hay villas deliciosas (Valença do Minho, Vilanova da Cerveira, Caminha, Monçao) y se pueden encontrar a buen precio casas de piedra con finca. Además, fijar la residencia familiar en Portugal tiene ventajas fiscales para los extranjeros con rentas altas ¡hasta Madonna tiene casa en Lisboa!
Para los gallegos del sur ni siquiera el idioma es obstáculo significativo para integrarse en un país que, en Galicia, muchos no consideramos extranjero. Por fin tenemos un poco de justicia, ya está bien de que la gente con dinero de Andalucía tenga sociedades patrimoniales en Gibraltar o que muchos ricos catalanes posean cuentas en Andorra. Algunos pensarán como proclamaba Siniestro Total, un mítico conjunto vigués: ¡menos mal que nos queda Portugal!
Estamos rodeados de países con ventajas fiscales que buscan atraer personas con alto poder adquisitivo o empresas importantes. Portugal no está sólo en la UE, países como Holanda o Irlanda hacen mucha competencia fiscal. No me extraña que nuestro Ministerio de Hacienda esté muy preocupado. La AEAT ha fijado como un objetivo para el 2019 el control de lo que denomina “simulación de residencia fiscal fuera del territorio español” y destaca que tiene en Portugal un caso preferente.
Pero España debería mirar también hacia dentro y poner algunos límites a la excesiva competencia fiscal de las autonomías. Es el caso de Madrid, una comunidad que debe su origen y esplendor a ser elegida como capital del Estado (es la única gran ciudad europea lejos del mar o de un río navegable), pero que prácticamente no aplica el impuesto de sucesiones para que muchos acaudalados de “provincias” tengan un incentivo fiscal para fijar allí su residencia. Contribuyen con ello a que la comunidad prospere y también a que aumente mucho el valor de las viviendas y, por desgracia, el nivel de polución.
Es egoísta de más que la propia capital, que ya tiene grandes ventajas a pagar entre todos – mucho empleo público, comunicación (AVE a todas partes, autopistas radiales sin peajes), orquestas, museos y espectáculos “nacionales”…- , haga además competencia fiscal para seguir acaparando poder económico. Comprendo que a la Agencia Tributaria el asunto le sea indiferente, porque el impuesto de sucesiones está cedido a las autonomías. Pero al Estado sí debería preocuparle.
En el capítulo 2 (El poder del dinero) de mi ensayo dedico bastante espacio a los graves problemas que los paraísos fiscales y la competencia en impuestos le están creando a los Estados , que ven aumentar continuamente las necesidades de gasto por el envejecimiento de la población y al aumento de la desigualdad. El fracaso de las democracias en atender las demandas sociales está ayudando al crecimiento de políticas de vuelta atrás, xenófobas y autoritarias.
La OCDE y la UE intentan forzar a que los Estados actúen. Los países deberían armonizar sus políticas impositivas y combatir con medidas coercitivas los paraísos fiscales. Les va mucho en ello y no tienen demasiado tiempo antes de que las dificultades les ahoguen. Algunos avances se van produciendo, incluso en la lucha contra la economía sumergida y criminal mediante la progresiva eliminación del efectivo (Dinamarca, Suecia). Escribí también sobre ello en un ensayo anterior (La energía oscura del dinero, 2007).
España está involucrada en la lucha contra la competencia fiscal. Pero, para ser creíble en sus intenciones, no puede caer en la hipocresía y debe empezar por armonizar su propia política impositiva interior.