Se ha comprobado que los menores que sufren abusos tardan mucho en denunciarlos. Lo hacen, de media, a los 52 años. Entonces, los delitos y las acciones civiles ya han prescrito y los culpables se libran de pagar por sus actos.
Para paliar esta grave injusticia, el Estado de Nueva York ha aprobado la Child Victims Act, que entró en vigor ayer. Una ley que retrasa hasta los 28 años la capacidad para denunciar, en el marco de la legislación penal, los abusos sufridos en la niñez o la adolescencia y hasta los 55 la edad para pedir compensaciones económicas por vía civil a los culpables y, como responsables subsidiarios, a las organizaciones que les han dado cobertura.
Esta última parte es la que está creando más revuelo. Las organizaciones religiosas de diversas creencias y las juveniles en general (Scouts, por ejemplo) se han alarmado por las pérdidas que la nueva legislación les puede suponer. Algunas ya están pleiteando con las compañías de seguros que cubren su responsabilidad civil, que se niegan a incluir en su cobertura este nuevo riesgo. El obispo de Brooklyn ha advertido a sus fieles que la nueva ley les puede llevar a la bancarrota.
El poder sirve para muchas cosas, entre ellas para satisfacer las más bajas pasiones de los que se sienten protegidos por el dinero o la influencia social. Las grandes ciudades, donde se acumulan fuerzas humanas con autonomía para enfrentarse a los poderosos están en condiciones de liderar el combate contra sus abusos. Esperemos que cunda el ejemplo.