Eso afirmó, hace unos meses, la magistrada Lourdes Arastey, recién elegida para ejercer su trabajo en el Tribunal de Justicia de la UE, puesto nunca desempeñado antes por una persona de nuestro país. Lo consiguió tras la evaluación realizada, por primera vez, por un comité de selección que revisó y contrastó los méritos de los candidatos. Ella sabe bien que queda un trecho grande por recorrer para que la igualdad de oportunidades alcance a todas las mujeres, un tema en el que siempre ha sido muy combativa.

Desmontar sistemas largamente establecidos exige más que legislar sobre derechos o libertades, es preciso combatir los mecanismos de alienación que llevan a que las mujeres acepten limitaciones a su comportamiento. Hay sometimientos sutiles, impuestos por hábitos tradicionales y supervisados a veces por las propias madres y abuelas, difíciles de detectar y erradicar. Muchas ven cómo naturales costumbres como, por ejemplo, llevar el pelo cubierto. Alegan que ejercen su libertad, por eso es complicado para una sociedad democrática erradicar totalmente la situación de inferioridad de las mujeres. Exige inteligencia, constancia y tocar diversos resortes, no llega con decir en la Constitución que tienen los mismos derechos, se trata de que no sean condicionadas para admitir discriminaciones. Los países que quieren ser justos y aprovechar el potencial humano de que disponen, necesitan que toda la población goce de plena igualdad de oportunidades, sin límites artificiales.

Los europeos tenemos una larga tradición de legislar sobre derechos, no tanta en combatir la alienación de las mujeres. Gracias a la persistencia de sistemas democráticos, ellas han podido luchar y conseguir que su libertad, educación y oportunidades profesionales hayan mejorado mucho. Pero queda trecho para la equiparación plena.

Adelantábamos en la entrada anterior que existe una cierta correlación entre la decadencia de las religiones en las sociedades democráticas y la mayor libertad de las mujeres. Una de las reflexiones de mi ensayo es que el principal papel social de estas organizaciones es asegurar una moral reproductiva que, entre otros aspectos, facilite el control por los varones de la trasmisión genética. Por eso es importante analizar el papel que juegan en el sistema educativo, una palanca imprescindible para avanzar hacia una sociedad mejor.

En España, la iglesia católica tiene una gran presencia en la formación de los jóvenes y su propia estructura directiva, exclusivamente masculina, constituye un mensaje, subliminal pero claro, sobre lo que pueden esperar del futuro las niñas que estudian en sus colegios. O cambian, o deberían írseles retirando poco a poco ayudas públicas para esas actividades. Está en sus manos, somos un país que busca la igualdad imponiendo, cuando es necesario, cuotas de mujeres en determinadas actividades o jerarquías. No sé a qué espera ese consorcio de hombres del Vaticano, tan bien atendido por monjas devotas de su trabajo, para adaptarse al mundo de hoy. He hecho reiteradas referencias a la tendencia de los grandes aparatos a no cambiar sus hábitos, en este caso la palabra debe tomarse en todos sus sentidos. Quizá hablarles de dinero consiga algo, son muy sensibles al tema porque se trata de una organización muy pesada y necesita muchos fondos.

En un contexto de llegada de inmigrantes con costumbres de tiempos pasados, hay un debate específico en Europa sobre la necesidad de combatir los peores aspectos de la dependencia femenina. Ya se prohíben las prácticas más salvajes, como la ablación del clítoris, o, en algunos países, los matrimonios pactados, que no son siempre fáciles de detectar. Más diversidad de criterios existe en la conveniencia o no de restringir el empleo de indumentarias que implican sometimiento, como el velo islámico. También en esto hay que hacer más que legislar y el dinero vuelve a ser importante. Debería tomarse en cuenta el nivel de integración de las familias inmigrantes, incluida la forma de vestir de las mujeres que es la bandera del sistema de alienación, a la hora de facilitarles ayudas o permisos de trabajo y hay que asegurarse de que sus hijas e hijos reciban una educación de calidad e inclusiva.

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