Se ha producido la noticia que adelantaba en la entrada del 6 de marzo (Se escinde la patronal española. Las pymes se alejan de CEOE). La nueva patronal se llama Confederación Nacional de Pymes (Conpymes). Dentro de CEOE, seguirá estando Cepyme, organización con la que la nueva compite para atraer el segmento más numeroso de la clase empresarial.

Si Conpymes se consolida, España caminará hacia un modelo de doble representación en el mundo de los negocios, como ocurre a nivel europeo donde hay una organización para las grandes empresas y otra para las pequeñas y medianas. Son segmentos mercantiles con intereses diferentes y, en muchas ocasiones, contrapuestos. El esquema ya es operativo en Cataluña, donde Foment agrupa principalmente a las grandes compañías y Pimec al resto. Esta última ha tenido un papel relevante en el proceso de escisión, que busca replicar, a nivel nacional, la situación en su zona de origen. La nueva entidad, con sede en Madrid, agrupa a 23 organizaciones territoriales y sectoriales y afirma contar con más de dos millones de afiliados entre pymes y autónomos.  

Hay que resaltar que este movimiento empezó a echar raíces en 2008, cuando la mayor parte de las organizaciones que lo forman crearon la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMCM). Su nacimiento difundió el grito desesperado de centenares de miles de autónomos y empresas, ahogados por lo mal que se paga en España. Algo se ha mejorado cuando consiguieron en 2010 que la Ley de Morosidad estableciera un plazo máximo de pago de 60 días. Como ya he comentado en otras ocasiones, la implantación de la medida está siendo difícil porque no hay un régimen de sanciones claro, asociado al incumplimiento de la norma.

El mismo día que nacía Conpyme, hemos conocido una sentencia de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Supremo, que reafirma y aclara un contenido expreso de la primera ley de morosidad de 2004, al establecer que el recargo de 40 euros por demora en los pagos, que aquella norma imponía, se aplica a cada factura que sufra retraso sobre los límites legales y no al conjunto de las que se reclaman. Un buen precedente que respalda el único sistema de castigo establecido por ley para castigar a los “morrosos”.

En España hay un grupo de grandes empresas con mucha influencia en CEOE que abonan sus suministros a plazos abusivos, usando todo tipo de prácticas de las popularmente conocidas como de “mal pagador”. A los bancos también  les interesa que las cosas sigan así, porque financiar el capital circulante de sus clientes es una parte importante de su negocio. Un tema que hemos tocado aquí más de una vez.

Lo que está ocurriendo con la escisión de las organizaciones patronales es histórico y sirve para recordarle al Presidente del Gobierno que, si quiere que España se sitúe entre los países más avanzados de Europa en el 2050, lo primero que necesitamos es tener plazos de pago similares a los de países que nos llevan la delantera. En el plan que propone debe haber objetivos concretos en esa variable. Un régimen claro de sanciones y un mayor esfuerzo de las Administraciones para cumplir con sus obligaciones llevaría a que muchos miles de empresas se libraran de estar hipotecadas en financiar circulante y dispondrían de recursos para invertir en tecnología, digitalización, investigación… Mientras no paguemos como Alemania no podemos aspirar a tener una base industrial como la suya.

Es el momento de exigir que se cumpla la ley si queremos ser un país serio. Muchos de los grandes morosos tienen en estos momentos una buena situación de liquidez, gracias a las medidas extraordinarias de financiación puestas en marcha por la crisis sanitaria. Esas medidas se pueden reforzar con fondos europeos si es preciso. Hay que conseguir ya que paguen en los plazos a los que están obligados, se inyectarían así en la base productiva del país miles de millones de euros, sin necesidad de cubrir muchos papeles, y la salida de la crisis sería rápida.  

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2 comentarios

  1. Siendo justo y necesario lo que se reivindica, tal vez no esté por demás aclarar al Sr. Presidente del Gobierno de la Nación, que lo que se pretende (“el logro de plazos de pago similares a los de países que nos llevan la delantera”) es para ya, o para muy pronto, no para 2050. No vaya a ser que, puestos a prometer, se quede con lo último…

    1. Por razones profesionales, he estado presente en los momentos en que se creó la PMCM. Observé que, como representaba a cientos de miles de autónomos y pymes, los políticos la escuchaban y parecía interesarles lo que decían. En ese aspecto, debe aprovecharse el momento para presionar al PSOE porque es más posible que sea capaz de hacer algo. Las dos leyes importantes en vigor (2004 y 2010) sobre morosidad corresponden a la etapa de Zapatero. Hacía falta completarlas con un reglamento de sanciones para los incumplidores y los años de nuestro paisano Rajoy pasaron en blanco por mucho que se le presionó. Creo que el PP es menos capaz de librarse de la presión de la estructura económica de la capital (constructoras, bancos y grandes almacenes) que tiene mucha influencia. Tuve ocasión de ver como costaba mucho avanzar a pesar de las buenas palabras. No te das ni idea del lobby montado por los “morrosos” y beneficiados de sus prácticas. Disponen de los mejores abogados e influyen en la prensa, que casi nunca toca el principal problema estructural del país. Pasa un poco como en EEUU con los vendedores de armas. La reforma de la legislación en vigor para imponer un régimen de sanciones, como el que en su día impuso Francia aunque su situación no era tan mala como la nuestra, deambula desde hace unos meses por el Parlamento, diferida por todo tipo de medidas procedimentales sugeridas por un ejército de asesores bien pagados.

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