El pasado 20, la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMCM), que agrupa a un millón de pymes y autónomos, publicó su análisis anual de las prácticas de pago de las principales empresas españolas. Una posibilidad que le facilita la Ley de Morosidad de 2010, que prohíbe pagar a los proveedores a más de 60 días y obliga a las empresas y a sus auditores a reflejar en sus cuentas lo que hacen. Esta segunda parte permite, al menos, saber cómo están las cosas. Antes todo era aún más oscuro.
Su nota de prensa ha pasado algo desapercibida, salvo en medios económicos. El recrudecimiento de la pandemia y el relevo en la presidencia de los EEUU tienen parte de la culpa. Según ella, en el 2020, el plazo medio de pago de las empresas no financieras del IBEX 35 fue de 183 días, más del triple del máximo legal y con una subida de 10 días (6%) respecto al 2019. Por el contrario, el período de cobro medio a sus clientes se queda en 64 días, algo superior al tope autorizado, pero 119 por debajo del de pago. Casi cuatro meses de financiación gratis.
Como ya he manifestado antes en el blog, la última hace dos meses, considero que este es el más acuciante problema de nuestra economía y, a la vez, el más fácil de resolver. Si cortamos la soga del circulante, que ahoga a innumerables pymes y autónomos, tendremos más empresas de dimensión competitiva y habrá más investigación privada. Las grandes compañías del IBEX 35 inyectarían 56.000 millones en el tejido productivo que sostiene el país y el dinero se distribuiría suavemente y con poca burocracia por todos los rincones. Es lo que necesitamos. Algunas de esas empresas requerirán financiación específica para poder hacerlo, ese puede ser un uso óptimo, canalizado a través de una línea de crédito con ese único fin, de parte de los fondos que recibiremos de la UE para combatir las consecuencias económicas del covid
Se está haciendo camino, el próximo día 3 termina el plazo de presentación de enmiendas para una Ley, en trámite parlamentario, que complementa la de 2010 y establece un régimen sancionador para poner freno a los abusos. Es de esperar que se apruebe porque hará mucho más rápida la salida de la crisis. Hace pocos días, la Audiencia Provincial de Madrid declaró nulo un contrato que imponía a sus proveedores la empresa Cobra (grupo ACS), por contener cláusulas abusivas y plazos de pago ilegales. Es una victoria de los demandantes, pero, mientras no haya sanciones para los incumplidores, el avance es lento y arriesgado para los que denuncian, que pueden perder clientes importantes.
El proceso de vacunación contra ese virus que pone a nuestra sociedad contra las cuerdas genera un nuevo espacio para que otros oportunistas, como estamos viendo estos días, se protejan antes de que les toque el turno. Los que tenían un puesto de relevancia, como el JEMAD, o el consejero de salud de Murcia, se han visto obligados a dimitir. Se van diciendo que tienen la conciencia tranquila, por supuesto. Como disculpa por saltarse las prioridades, el principal mando de nuestras fuerzas armadas alega que los ejércitos tienen sus propias reglas y protocolos. Una especie de Autonomía 18, trasversal y armada, que no debería cubrir prebendas de esa naturaleza.
El abuso de poder está demasiado extendido en nuestro país, los que mandan le echan cara, pasa en todas partes, pero aquí es excesivo. Por las nuevas dimensiones de la economía y del aparato estatal, las acumulaciones de influencia son el principal problema que tienen hoy las democracias y la razón que me llevó a escribir el libro que sirve de referencia a estas páginas.
Pareciendo clara la necesidad de poner coto a la morosidad en que incurren determinadas empresas, entre ellas no pocas de las más significativas, en grave perjuicio de otras muchas de entre pymes y autónomos, parece más que conveniente, necesario, hacer que se cumpla lo que previene la Ley de Morosidad. En esto, como en otras muchas cosas, parece que el incumplimiento de disposiciones que se supone deberían ser de obligado cumplimiento son ignoradas con increíble impunidad. En algún momento, tratándose en el blog sobre este tema, expuse disconformidad con la imputación de responsabilidad significativa, “interesada”, al sector financiero. Hoy aplaudo la propuesta que hace Enrique Sáez de habilitación de una línea específica, al único fin de facilitar la financiación de las necesidades a que se refiere, dotándola con cargo a los fondos que recibiremos de la U.E. para paliar los graves efectos derivados de la Covid. Sería una buena “vacuna” a gestionar con mayor y mejor rigor que el que parece se da a la hora de administrar la vacuna en la que se fundamenta la esperanza de doblegar la gravísima pandemia que de uno u otro modo a todos nos afecta.
Por guardar afinidad con el tema que tratamos, recordar que el gran moroso hace una década era el Estado (una gran parte de las instituciones publicas) que dejaban muy atrás la inaceptable situación que ahora se da, con crónicos impagos que, por conocidos, estaban en el origen de una serie de prácticas indeseables y en muchas de sus no menos indeseables consecuencias. Sería preciso que se consiguiesen ahora, con ayuda de lo anteriormente expuesto, resultados tan satisfactorios como los logrados por el primer Gobierno de Mariano Rajoy cuando se abordó expeditivamente aquel problema, poniendo orden, concierto y rigor donde se carecía de el, todo, también en un marco de extremas dificultades para el pais. Conviene no olvidarlo aunque solo sea como referencia.
Gracias por el apoyo, en cuanto al Estado hay de todo, en general ha mejorado bastante pero con dispersión. Por ejemplo, en Galicia, según los últimos datos, de las siete ciudades Ourense es la que peor paga (125,4 días de media) y Lugo el mejor (10,6) los otros que están dentro del plazo legal, que es de 30 días para la Administraciones son Vigo (11,4), Pontevedra (19,8) y Coruña (26,3). Por encima de los 30 días pero lejos de Ourense están Ferrol (40,46) y Santiago (47,46). Como bien dices, si se esforzaran a pagar en menos plazo inyectarían dinero en la ciudad. Ahora hace mucha falta.