Está siendo un año difícil para la Jefatura del Estado. Afloran, vía investigaciones judiciales, algunos comportamientos impropios del rey emérito, que se ha ido a vivir a Qatar. Ocurre cuando ya pasaron más de 40 años desde la transición democrática, que muchos españoles no vivieron. Fue un tiempo excepcional, después de una cruel guerra civil y una larga dictadura militar. Circunstancias que pesaron en la fijación del marco legal que permitió crear una democracia y acceder a la Unión Europea. Gracias al éxito de los acuerdos de entonces, hemos llegado a la segunda década del S XXI sin graves enfrentamientos, más allá de los dialécticos, y superando intentos de golpe militar y el largo calvario de ETA.
Como pasa siempre, el tiempo cambia sensibilidades y aparecen nuevos desafíos, lo que podría recomendar la revisión de algunas partes de la Constitución del 78, marcada por el temor a una vuelta atrás. Los años transcurridos y la pertenencia a la UE han modificado las condiciones en que se produjo el consenso original y abren la posibilidad de abordar soluciones, entonces implanteables, para mejorar la organización del Estado.
Mi libro, en un contexto general, recomienda la adaptación de las democracias a las condiciones sociales de cada tiempo. Allí se pone el ejemplo de la venta libre de armas en los EEUU, apoyada en una enmienda constitucional que viene de los tiempos de la conquista del oeste. A ellos les cuesta decenas de miles de muertos al año. También hemos visto en las recientes elecciones algunas otras ineficiencias graves en las instituciones y reglas que ordenan la gran democracia norteamericana. Pero, a pesar de ello, los cambios son difíciles porque las reglas de juego acaban protegiendo a grupos que poseen mucha influencia y no quieren perderla. En el caso concreto citado, estaríamos hablando de la industria armamentística y su lobby, la National Rifle Association. Aun así, lo lógico sería que movieran ficha e hicieran algo.
La monarquía, una institución que proviene de otros tiempos, fue recuperada por el General Franco para canalizar su sucesión. No hubo un referendo específico sobre ella y vino indisolublemente incorporada al paquete de libertades democráticas. En general, los monárquicos tienden a rechazar los referendos porque, según ellos, la institución se basa en la transmisión hereditaria, no en lo que opinan los súbditos.
En un país como el nuestro, que tiene evidentes tensiones de reparto geográfico del poder, la monarquía es vista por los más centralistas como garantía de la cohesión nacional . Pero, aunque históricamente los reyes no se sienten cómodos en sistemas federales, algunos se han dejado arrastrar a ellos. Prueba de que, a pesar de todas las tradiciones, muestran flexibilidad para sobrevivir en tiempos que no les son muy favorables. Está el caso de la Reina de Inglaterra (ahora del Reino Unido), que ejerce la jefatura de un Estado donde se admite la posibilidad de que una de sus partes se separe. Durante la década de los 90, la monarquía belga tuvo que adaptarse a una constitución casi confederal con tres idiomas oficiales, que resultó necesaria para aplacar las tensiones de ruptura que sufría el país.
Los sectores menos radicales de los partidos estatales conservadores deberían empezar a pensar en un posible plan B, para que, en caso de que el apoyo a la monarquía se debilite mucho, no dejar al país en una situación de enfrentamiento irresoluble. Una república federal, como Alemania, no sería una mala solución. Los franceses van por la quinta república, nosotros sólo llevamos dos. También se puede intentar, aunque es difícil, una solución en línea belga, que mantenga la institución monárquica en un nuevo marco constitucional federal o incluso confederal. Si aceptara algo así, la derecha demostraría que su visión de la unidad de España va más allá de una voluntad de uniformidad centralizada.
El actual apoyo a la realeza, según las encuestas que he podido ver, se concentra en el segmento de más de 50 años y en los votantes de los grupos conservadores de ámbito estatal. Los menores de 40 y los votantes de PSOE, Podemos y partidos periféricos, son mayoritariamente contrarios a la monarquía. La institución que teóricamente refuerza la unidad y la cohesión está debilitándose en esas funciones, pero no deja de ser vista por muchos de sus defensores como garantía de una organización institucional donde pueden mantener mejor su influencia.