Cada vez que aparecen estadísticas sobre el poco peso de la industria en la economía española, surge la preocupación porque este hecho nos aleja de lo que sucede en los países más desarrollados de Europa y nos impide reducir el enorme paro estructural que arrastramos.
Esto empezaría a cambiar si se obligara a cumplir la ley de morosidad en vigor (ley 15/2010) que establece un período máximo de pago de 60 días en el ámbito empresarial y prohíbe cualquier pacto en contrario. En Alemania, ejemplo de potencia industrial, el plazo medio de pago en el sector privado es de 19 días, aquí sigue siendo de 81 días. Por eso las empresas alemanas son más competitivas que las españolas.
Un problema del que no se habla porque los morosos (principalmente grandes constructoras y distribuidoras) tienen mucho poder: financian a partidos y a medios de comunicación. Ellos constituyen el mayor obstáculo para el desarrollo industrial del país. Hay que promulgar un régimen sancionador para los que incumplen la ley, que, sin este añadido, es casi papel mojado.
Si lo hacemos, se irá reforzando la capa de pequeñas y medianas empresas dinámicas, capaces de invertir y crecer. Ahora son pocas, sobre todo si volvemos a compararnos con Alemania, porque sus recursos están prisioneros del activo circulante, financiando a grandes clientes.
Hay liquidez en los mercados y los tipos de interés están muy bajos, por lo que los grandes morosos pueden refinanciar su deuda con bajo coste. Ahora es el momento de liberar de esa carga a los autónomos y Pymes.
Si queremos que los españoles tengan más y mejores oportunidades de trabajo, debemos exigir a los partidos que se mojen de verdad, que incluyan en sus programas electorales un régimen de sanciones para los que no cumplan la ley de morosidad. Parece increíble que, a estas alturas, con la resaca de la sentencia del procés, haya que seguir pidiendo esto: que se castigue a los que no cumplen el ordenamiento legal, aunque sean amiguetes y no políticos rivales.