El Gobierno parecen decidido a paliar las dificultades de acceso a la vivienda que sufren cada vez más españoles, no es un objetivo fácil. No soy de los que creen que los mercados funcionan solos y menos el de vivienda, un bien básico al que le afectan condicionantes con altos grados de rigidez, empezando por el suelo. Es inevitable tratar de que funcione bien, pero hay que tener cuidado con fiar la mejora únicamente a más regulación y medidas de precio (fijos, con topes, rebajas obligadas, condiciones fiscales, bonos…). Habrá que esperar a que termine la tramitación de las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros para ver su alcance. El objetivo vale la pena, pero la primera impresión es que la propuesta añade complejidad.

Muchos países tienen normas para ordenar el funcionamiento de un mercado en el que nosotros arrastramos malas experiencias. Primero, porque en España, con relación a países similares, el sector construcción tiene mucho peso económico (alta participación en el PIB, paga mal, promueve burbujas especulativas…) y político (depende mucho de decisiones de la Administración y por eso es más proclive a generar corrupción). Segundo, hay una gran vocación intervencionista y las condiciones para levantar edificios han complicado la generación de viviendas. El sector público con un gobierno de izquierda, sensible a las dificultades para acceder a este bien básico, tiende a reforzar el problema.

Creo que deberían empezar por hacer autocrítica, costumbre con poca tradición en política. Tienen, al menos, un par de líneas importantes en las que profundizar. Empiecen por simplificar y agilizar el proceso de concesión de licencias de edificación, un auténtico marasmo de normas y burocracia, que pueden llevar a que un proyecto poco complejo se pase dos o tres años en tramitaciones antes de poder empezar a construirse. Sobrerregulación y baja productividad en el proceso retrasan la capacidad de reacción del sector ante un cambio de demanda. Es una de las causas relevantes de la falta de oferta, encarecimiento del producto y gravedad de las crisis periódicas.

No deben solucionar todos los problemas echándolos sobre las espaldas del sector privado. Una tendencia que se manifiesta en las nuevas medidas adoptadas, como el aumento del porcentaje de vivienda protegida en las nuevas promociones. Además, se pretende que los grandes propietarios sean sujetos a una regulación especial de reducción de alquileres en zonas “tensionadas”, los pequeños sólo sufrirían la congelación. Los que tengan diez u once inmuebles en propiedad, dentro de comunidades gobernadas por la izquierda, ya pueden preocuparse por vender uno o dos, porque con nueve no serán objeto de reducciones de renta. En última instancia, la medida dependerá de autonomías y ayuntamientos lo que, entre otros temas, va a incrementar la competencia para captar inversiones y, con ello, desincentivará la consecución del efecto deseado.

El sector público debería ser un agente más activo para regular la oferta promoviendo más vivienda social, directamente o facilitando más suelo a la iniciativa privada. El Estado tiene muchos solares y edificios infrautilizados. Una auténtica peste, que lleva a peligrosas fantasías de uso y al aumento del gasto. Intenten emplearlos mejor para solucionar problemas reales. No se escabullan pasándole el desafío a otros.

A finales de los 60, tuve un catedrático de derecho procesal que intentaba hacer razonar a los estudiantes de derecho más allá de la memorización de normas y procedimientos. Nos animaba a que, antes de abordar un asunto, intentáramos usar la lógica normal porque la ley estaría casi siempre en línea con ello. Exceptuaba los arrendamientos urbanos, decía que, en ese terreno, lo que dicta la razón sería, casi seguro, lo contrario de lo que está en la ley.

Eran tiempos de dictadura. Franco procedía de la tradición militar de Ferrol, la que transformó en ciudad una pequeña villa. Le gustaba mandar e intervenir, en este caso para mitigar resentimientos de los arrendatarios. La actual vicepresidenta segunda, madre de la nueva normativa, proviene de la tradición sindical ferrolana, nacida de un posterior desarrollo industrial con mucha inversión pública. También le va lo que regular por decreto. Tendencias paralelas de culturas políticas de base, muchas veces enfrentadas entre sí, confluyen en la gestión de un bien de primera necesidad y tienden a complicarla. La propia Yolanda Díaz confesaba, durante el reciente Día de la Hispanidad, que le gustaban los desfiles porque era de Ferrol. La democracia permite escribir críticas con poco riesgo, pero en tiempos del franquismo el Estado promovía proporcionalmente más vivienda social. Tengo dudas de que avancemos en este terreno.

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2 comentarios

  1. No es difíl, más allá de las ideilogias, llegar a la conclusión de que disponer de un vivienda es un bien de primera necesidad. Un bien escaso y de no fácil acceso, cuyo derecho, además, previene la Constitución.
    En mi opinión, las reflexiones y comentarios que haces en torno al tema no tienen desperdicio. Están cargadas se sentido común y exentas de sesgos que con no poca frecuencia contraponen los deseos con las posibilidades de satisfacerlos y los alejan de las soluciones, no «filosóficas», si no prácticas y objetivas, que es de lo que debería tratarse.
    Por cierto, no se si el catedrático de derecho procesal al que te refieres dejó algo escrito abundando sobre la materia, pues la que le atribuyes es una magnífica propuesta que no suele ser muy tenida en cuenta y merece ser recordada.

    1. El catedrático, que era de Barcelona y ya entonces venía dos o tres días a Santiago en avión a dar las clases, tenia un buen bufete como abogado y sabía de lo que hablaba. Tenemos demasiada tendencia a complicarlo todo

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