El jefe de gabinete de Isabel Ayuso es un notable influencer en la política española desde los tiempos de José María Aznar y lo sigue siendo con la Presidenta de la región de Madrid, personas que ven España como los de MAGA los EEUU: hay que continuar en la línea que marcan las glorias del pasado. Aquí con un sesgo centralista, opuesto a las autonomías y desconfiado de Bruselas porque las ven como intentos de reducir el peso de la capital. Miguel Ángel Rodríguez, conoce bien cómo funcionan los medios y tiene imaginación y experiencia para dar la vuelta a situaciones que se presentan contrarias a los suyos. Lo ocurrido con el anterior fiscal general es la mejor muestra de su eficacia.
Cuando se supo que Alberto González Amador, pareja de su jefa, había aceptado un pacto con la fiscalía reconociendo un delito fiscal, la tensión en torno a Isabel Ayuso se hacía insoportable. Ante ello, su veterano jefe de gabinete optó por darle la vuelta a la tortilla y dejó caer que la filtración de la noticia, que debería haber permanecido secreta, se debía a una maniobra política para desacreditar a Isabel, conducida desde la Fiscalía General.
La mejor defensa es un buen ataque, convirtió un problema en una oportunidad y el Supremo, que tiende a conectar bien con las tesis de la derecha, abrió un proceso contra el titular de la fiscalía, García Ortiz, que remató con una condena suficiente para obligarle a dejar el cargo. Aunque la sentencia reconoce, como hizo el propio M.A.R, que la denuncia detonante del proceso que desalojó al Fiscal General carecía de pruebas, era sólo una deducción que le parecía lógica a su autor.
En la base de los argumentos de la mayoría conservadora, que aprobó el fallo y la inhabilitación de García Ortiz por dos años, está la misma deducción lógica que había empleado M.A.R. Concluye que el correo de la fiscalía para intentar aclarar el revuelo levantado incidía sobre algo que debería permanecer secreto, aunque la noticia estaba ya en los medios, y que no podría haberse difundido sin la autorización del jefe. Reconoce como ciertas las declaraciones de los periodistas que conocían la información con antelación, pero no las tiene en cuenta para el veredicto porque no pueden revelar sus fuentes. Sin embargo, emplea como argumento las de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que afirma que García Ortiz contestó con una evasiva a su comentario sobre la inconveniencia de emitir la nota, aunque tampoco ella aportara pruebas. Parece una condena por deducciones sin claro respaldo probatorio. No me extraña que hayan tardado tanto en redactar la sentencia (entrada del 30/11 “Primero lo fusilamos, después cubrimos los papeles”). Poco peso ha tenido un principio fundamental del derecho, in dubio pro reo, lo que no ayuda a que confiemos en la justicia.
Veremos qué pasa con los recursos en este caso. Pero eso ahora importa menos, M.A.R. ya tiene munición en abundancia para seguir disparando contra el Presidente Sánchez y su partido, maniatados por casos de corrupción y acoso a mujeres.