Introducir dinero en grandes cantidades es lo que Gobiernos y Bancos Centrales hacen para impedir que esta crisis inesperada colapse el sistema económico.  Para que ese esfuerzo alcance sus objetivos, sería preciso obligar a que las empresas que reciben apoyo financiero paguen a sus proveedores dentro del plazo máximo legal (60 días).

Existe el riesgo real de que unas pocas grandes empresas acaparen parte significativa de los fondos públicos para aumentar el dinero en circulación y éste no llegue a los autónomos y PYMES. En España hay un club de malos pagadores con mucha influencia política, lo que demanda medidas que garanticen que los fondos que reciban se apliquen a pagar bien a sus proveedores. En caso contrario, mucha de la lluvia de dinero se quedará en las terrazas y no llegará a las raíces de plantas que deben rebrotar.

Antes de conceder ayudas, hay que estudiar el informe de auditoría de la compañía solicitante, que recoge sus plazos de pago, y fijar objetivos de mejora en caso de que estos superen el límite legal. Deberían establecerse penalizaciones para los que no cumplan y obligar a las entidades financieras a que lo controlen, bajo amenaza de perder el aval o el acceso a la línea de crédito. A los bancos les atraen los períodos de pago dilatados porque la financiación de capital circulante es un buen negocio para ellos, hace falta presionarles para que colaboren.

Es necesario tomarse en serio lo de pagar en plazo legal. He explicado en entradas anteriores que se trata de un requisito previo para conseguir una industrialización competitiva y más investigación privada. Señora Vicepresidenta Económica, ahora que vienen a pedir dinero es cuando hay que exigir contraprestaciones razonables. Ayudarán a que el país deje de proteger morosos y se modernice de verdad.

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2 comentarios

  1. No tiene mérito compartir, en lo sustancial, lo que se propone en el exordio de la entrada. ¡ Que menos que exigir el cumplimiento de la legalidad en general y la que se cita, en partircular ! . Lo que si me parece excesivo (y nada más lejos de mi intención que erigirme en defensor del sector) es pretender hacer recaer en las entidades financieras, y menos bajo “amenazas”, la exigencia de controlar el obligado cumplimiento de sus obligaciones por parte de quienes reciban ayudas públicas. No me vale, tampoco, el argumento de que las entidades financieras obtienen beneficio con la financiación del circulante de sus clientes, reciban estos ayudas o no. Más preocuparía que así no fuese, siendo ello tan saludable como que lo hagan otros vendiendo bienes o prestando servicios de cualquier naturaleza, siempre dentro de lo lícito. También esto está dentro de la libertad y de ello nadie debe quedar excluido, ni siquiera el sector financiero por más que este de moda vituperarle.
    Quienes reciban ayudas públicas deben responder directamente de sus compromisos, con mayor rigor, si cabe, que cualquier otro y las administraciones arbitrar las medidas pertinentes para garantizar que que así es efectivamente, sin declinar el “control” en terceros ¿ O es que el número y cualificación profesional de los funcionarios no es suficiente ?.

    1. Uno está preocupado por los plazos de pago en España, que son el triple que en Alemania. Mientras eso siga así, seguiremos sin suficiente industrialización e investigación. Lo he repetido antes. Pero los bancos colaboran a ello porque les gusta financiar circulante, tu y yo sabemos por qué, y no ayudan a una evolución necesaria. No es por meterme con ello, pero en este caso son parte de la cultura de pagar tarde.

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