Hace dos entradas, comentaba que este tiempo histórico introduce cambios en las relaciones humanas que ponen en cuestión cosas que se daban por inamovibles. La resistencia a evolucionar es más lógica en los conservadores, que además ven crecer tendencias neo fascistas que amenazan con robarles votos. En ese contexto, el acuerdo entre PSOE e Esquerra para investir President de Cataluña a Salvador Illa ha desatado reacciones acaloradas, principalmente contra el compromiso de ampliar la autonomía fiscal catalana, acercándola a la que ya disfrutan Euskadi y Navarra. La tendencia a no cambiar tiende a agarrarse a “libros sagrados” religiosos (Biblia, Corán, Talmud…) o laicos, como, en España, la Constitución. Pero los libros son interpretables y los que configuran las instituciones laicas son además corregibles e incluso derogables parcialmente, por cambios legislativos profundos o por pequeñas modificaciones.
El calentamiento político español, como el de otros países, se ignita también por las necesidad de adaptarse a una Unión Europea que va asumiendo competencias del Estado, mientras la realidad presiona para que éste se descentralice y sea más eficaz. Menos Estado central incomoda a una gran parte de la población, sobre todo del centro-sur, que se siente más segura, más protegida, bajo una Administración centralizada. Actitud que coincide con los intereses de una capital que concentra mucha influencia, reforzada por grandes aparatos funcionariales, como militares, jueces e inspectores de Hacienda. En la anterior entrada veíamos un ejemplo , la prioridad radial que seguía condicionando los objetivos inversores del Estado en el ferrocarril, a pesar de que el propio ministro responsable admitía que los portugueses tenían cierto fundamento al dar prioridad a la conexión con Galicia sobre la de Madrid.
La reacción a cambios discordes con los libros sagrados calienta las redes sociales, en las que mucha comunicación se apoya en mensajes simples para movilizar colectivos poco formados. Por eso se emplean expresiones grandilocuentes, como que se deroga la Constitución o se atenta contra la igualdad, al describir los pactos del PSOE para gobernar en Cataluña y en España.
Lo de la mayor desigualdad está sacado de contexto. Ya hay dos autonomías que disfrutan de autonomía fiscal y la solución podría extenderse a otras, con un fondo de compensación para garantizar servicios mínimos, quizá así todos seríamos más “iguales”. El concepto de igualdad ante la ley se limita a los derechos básicos. No todos somos iguales en capacidades o en medios, ni la Universidad pública de Murcia tiene el mismo nivel que las públicas de Madrid y hay comunidades con dos idiomas oficiales y otras con uno. Realmente, lo que no gusta a la mentalidad radial es avanzar hacia soluciones federales.
La pretendida derogación de la Constitución del 78 es otra exageración. Se trata de un texto que, para entrar en la categoría de sagrado e intocable, tiene demasiados defectos derivados de pactos hechos bajo la presión de las armas, manifestada después en el intento de golpe del 23F, liderado por los más franquistas de un ejército aún muy franquista. Quizá deberíamos abrir un nuevo proceso constitucional ahora dentro de la UE y de una democracia consolidada. Aunque entiendo que no está el horno para bollos.
La actual carta magna es particularmente débil en la definición del modelo territorial. Los pactos que dieron lugar a la redacción de los apartados correspondientes tuvieron la virtud de meter en el mismo texto soluciones contradictorias. Consagra las provincias (modelo francés que gusta a los centralistas) y, al mismo tiempo, las autonomías (modelo federal más acorde con las periferias del norte). Pero son incompatibles, lo actual es una chapuza que cuesta recursos e ineficiencias. El sistema fiscal es centralista, pero admite los cupos vasco y navarro de origen foral y filosofía confederal. También se reconoce que hay regiones y nacionalidades. En el período posterior, gobiernos centralistas aplicaron el “café para todos”. Según ellos, era una políticas de “igualdad”, que tienden a confundir con “uniformidad”. El actual sistema autonómico es producto de numerosos procesos negociadores y cambios legislativos. Un gobierno del PP, en la versión hipercentralista de Aznar, amplió la participación de Cataluña en la recaudación de IRPF y le cedió sucesiones y patrimonio. Lo hizo cuando necesitaba los votos de la CIU de Pujol. El pacto PSOE-ERC es otra vuelta de tuerca.
En democracia España no puede ser uniforme, aunque lo pretenda la parte de la derecha más próxima a gobiernos sostenidos por uniformes de generales y almirantes, demasiado comunes en nuestra historia contemporánea. Hay diferencias que, mal que pese a los uniformistas, no se pueden obviar en un régimen de libertades, por eso hubo que incluir el término nacionalidad en la Constitución, que algunos gustarían ver borrado. Vascos y catalanes tienen fuerzas políticas nacionalistas muy implantadas, y aprovechan coyunturas favorables para reforzar su autonomía, pura política. En Galicia van aumentando su peso, y nosotros siempre tenemos presente a Portugal, cuya independencia es la mayor prueba del fracaso de la construcción de una España uniforme, porque no lo es y cada vez menos.