Estamos atrapados en una peligrosa espiral, tenemos demasiada deuda y, al mismo tiempo, hay que seguir aumentando gasto e inversión públicas para salir de la recesión causada por el coronavirus, la mayor desde la Guerra Civil. Volvemos al problema cada vez más patente de los grandes aparatos: no son capaces de reformarse o de recortar gastos de forma significativa, para aumentar la capacidad del Estado de reaccionar ante crisis imprevistas. La propia situación de bloqueo de muchas democracias favorece esta peligrosa deriva.

El Gobierno ha adelantado las cifras base para el presupuesto de 2022, que supondrán un inapreciable crecimiento del gasto sobre el 2021 (este ya lo aumentó más del 50% sobre el 2020) y, si se cumplen, una reducción del déficit al 5% del PIB, frente al 8,7% previsto para este ejercicio y el 11% del año pasado. La deuda pública, situada ya por encima del 120% del PIB anual, continuará creciendo, aunque sea poco. No me considero un alarmista en temas de disciplina fiscal, pero me preocupa la permanente expansión del sector público. Los grandes aparatos son negativos para las democracias porque crean espacios de privilegio y dificultades de adaptación a los retos que se van presentando, y sólo saben crecer, siempre encuentran razones para ello.

El mismo día en que se presentaban las cifras del presupuesto del año que viene, el Estado anunciaba la convocatoria de algo más de 30.000 plazas de nuevos funcionarios, la mayor oferta de empleo público de la historia, en parte justificada por el excesivo envejecimiento de las plantillas. A los sindicatos, grandes burocracias inmóviles que asesoran a algunos ministros, les parecen pocas, por supuesto.

Me pregunto si han oído hablar de algo que ya no es nuevo: la informática. Creo que sí, porque tienen previsto aumentar el personal técnico en esta materia. Parece que para el Estado más inversión en digitalización exige más gente, también de la no especializada en la disciplina. Debería ser lo contrario, al menos eso es lo que suele ocurrir en el sector privado. La digitalización ha llegado también a los medios de pago, tema al que me refiero a menudo, y podríamos pensar en iniciar un proceso para eliminarlos. Presionen para ello al aparato más reacio, el Banco Central Europeo, amenacen con que, si no lo permiten, no vamos a poder hacer frente a la deuda.

Es el momento preciso, tenemos una enorme economía sumergida para disfrute de los evasores fiscales. Podrían recaudarse entre un 10 y un 20% más impuestos, y de forma más justa, al terminar el proceso de eliminación del papel moneda. Además, está la economía criminal que pasaría a ser poco relevante y provocaría un enorme ahorro de gasto público. Revisen la oferta de empleo que acaban de hacer, sobrarían los miles de policías previstos o los 1450 nuevos puestos de la Agencia Tributaria.

También debo recordar a nuestros dirigentes asuntos reiterados aquí: sobran entre el 60 y el 80% de los ayuntamientos, 45 provincias y tres o cuatro autonomías. Creo que sobre alguno de esos temas sería fácil llegar a un consenso. Casi todos los políticos están de acuerdo en ello, pero temen mover ficha. Si no tiraran con pólvora de rey y vivieran en el mundo de la empresa privada, jugándose empleo y ahorros, sus tinglados encogerían mucho.

A los grandes aparatos les gusta tener muchos aparatitos donde colocar amigos, parientes y colegas. Tampoco hacen asco de los billetes para algunos gastos o para financiar el partido. Quizá por eso no los vean tan mal. Si todo fuera algo más transparente y sencillo, el país mejoraría mucho. Lo que tienen que hacer no es muy difícil, pero están contagiados de la peor plaga de las burocracias: exceso de mediocres y de autocomplacencia. Como no espabilemos, nos va a devorar el déficit público cuando no debería ser difícil evitarlo.

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