A principios de octubre, conocimos un estudio del Banco de España en el que se estimaba que el ingreso medio de los trabajadores del sector público era un 24% superior a los del sector privado, cuando la diferencia media europea es del 8%. Y el comparativo no valora el seguro de renta vitalicia que les proporciona el Estado al garantizarles empleo y sueldo. Intenten hacerse un seguro equivalente para su trabajo, miren lo que les costaría y auméntenlo a lo que ya gana de más la casta pública. La tranquilidad sobre los ingresos futuros es calidad de vida.
En una entrada de hace más de tres años (31/8/21 Queremos ser funcionarios) ahondaba en raíces históricas que justifican estos excesos, les recomiendo que la revisen. El blog se preocupa por el peso de la burocracia en los estados modernos, causa principal de excesos de gasto y de la mayor rigidez de las sociedades actuales para adaptarse a la rápida evolución de la Humanidad. La grande y creciente nómina de servidores del Estado, funcionarios y políticos, también afecta a la calidad de los servicios que prestan, porque cuanto mayor es el aparato burocrático, más expuesto está a la enfermedad que en mi ensayo denomino “mediocridad invasiva”, de la que es difícil librarse sin tomar medidas estructurales, básicamente adelgazamiento y descentralización de un Estado demasiado centralizado donde sobran organismos (ministerios, instituciones diversas, provincias, tres cuartas partes de los ayuntamientos, algunas CCAA…).
A las medidas estructurales, habría que añadir la digitalización . Las oportunidades del gran salto tecnológico que estamos dando son más evidentes en el ámbito de los procesos administrativos, pero no parece notarse en el sector público, que debe estar convirtiendo en menos horas de trabajo, reales o toleradas, las mejoras que realiza en este ámbito. La digitalización de procesos ha ido reduciendo mucho el volumen de empleados en las empresas. El caso más llamativo es el sector financiero que cortó a la mitad sus trabajadores desde 2002, mientras que, desde entonces, el empleo público ha pasado de 2,3 a 3 millones (+ 30%). Pero no todo el trabajo público es administrativo; la sanidad (25% del empleo público) influye por ser el principal servicio que presta, también otros, como la educación o lo relacionado con la seguridad.
Viene a cuento lo que ocurre con Muface, un sistema de salud privado para empleados del Estado y sus familias, que lo prefieren al de la Seguridad Social del propio Estado. Parece que a pesar de los 1.500 millones que el Gobierno destina en el proyecto de presupuestos para 2025 para atender su parte (76,73 % del total antes de esta cifra) del coste de una mutua que se apoya en compañías de seguros para sus coberturas. Un privilegio de casta con poca lógica. Quizá se termine ahora, porque a las principales aseguradoras que lo soportan no les llegan los ingresos para cubrir costes, a pesar de la subida generosa prometida por el Gobierno.
Si hoy viviera Carlos Marx, su análisis de clases debería combinarse con uno de castas en el interior de las clases medias. Ahora están en recesión por el aumento de las desigualdades, que tiende a proletarizas parcialmente. Su desgaste es una de las causas del menor dinamismo económico y de las tensiones políticas. Además, una parte creciente de la menguante burguesía está constituida por funcionarios, no por profesionales, ejecutivos, o pequeños y medianos empresarios. Los servidores públicos vienen obligados por la obediencia jerárquica, que los somete a políticos del pasado empujados por los más ricos, cada vez más poderosos, como vemos en los EEUU. Ellos se las arreglan para soportar poca presión fiscal, mientras sube para los demás conforme el Estado crece, otra clave del debilitamiento de las clases medias.