A pesar de las políticas liberales que venden algunos, el gasto público no para de crecer en los países democráticos. La evolución de la sociedad empuja a ello, especialmente por el envejecimiento de la población y el imperativo de mantener servicios en zonas cada vez menos pobladas. También el sistema educativo exige más apoyo, cuando muchos países reciben oleadas de inmigrantes que hay que integrar. La sanidad y la enseñanza, son sectores intensivos en mano de obra cualificada, cuya productividad crece menos que en muchos otros. A este panorama se añade el impacto de la pandemia de covid19 y la urgente necesidad de tomar medidas contra el cambio climático.

El proceso parece imparable y refuerza tendencias hacia el gran Estado nacional, dirigido con la ayuda de aparatos corporativos (veíamos en una entrada reciente un caso en España). Pero el Estado no puede crecer indefinidamente porque frena la dinámica social y económica del país, en algún punto habrá un límite.

Para contrarrestar las tendencias expansivas se conocen soluciones, como simplificar trámites y eliminar papeleo, tenemos el ejemplo de un pequeño país como Estonia que le ha declarado la guerra y la va ganando. La lucha contra el calentamiento global debe apoyarse más en el mercado, aumentando el coste de la emisión de gases con efecto invernadero, como los que emiten las estufas que no paran de colocarse en terrazas de establecimientos hoteleros para combatir el frío al aire libre. Por último, está la financiación del gasto público, para lo que hay que evitar medidas destinadas a alagar y captar la presencia de los ricos y las empresas, que facilitan la evasión fiscal y dan un trato injusto a los que soportan los impuestos.

Los tiempos no están para bromas. En el difícil equilibrio presupuestario es preciso resistirse a las presiones que se dan desde la diestra, pagar menos impuestos y seguir contando con negocios y concesiones, y la siniestra, aumentar cada vez más las presiones sindicales y los privilegios de los funcionarios. Refiriéndose a España, en el primer caso estaría la competencia fiscal de la comunidad que alberga la capital y en el segundo la reciente noticia que recogía la prensa de que, en el 2020, el salario mensual medio del sector público creció seis veces más que el del privado.

El aumento de la dimensión de los Estados es también un problema político. El primer capítulo de mi ensayo se titula “El Poder del Aparato”, las grandes estructuras político-burocráticas ponen en riesgo el ejercicio de las libertades, no son neutrales. Allí expongo posibles soluciones, algunas puramente organizativas: sistemas descentralizados, eliminar estructuras duplicadas (en nuestro caso serían las provincias), aumentar radicalmente el tamaño de los ayuntamientos… Hay muchas cosas que mejorar en la organización de las administraciones, pero constato que cuanto más grande es el aparato, más le cuesta reformarse. Otras medidas que propongo se orientan a restringir la tendencia al uso de las instituciones para incrementar el poder y los privilegios de los que las ocupan. En Estados muy grandes debería, por ejemplo, evitarse que las personas pudieran ser políticos mucho tiempo. Forzar la renovación sistemática protege contra abusos, prebendas y generalización de puertas giratorias.

Los gráficos de gasto público sobre PIB que reproduzco al final, tomados de The Economist, indican que estamos ante un fenómeno global, si bien hay diferencias notables entre países. Es interesante que Suiza, un país pequeño, rico y confederal, sea de los que menos peso tenga de gasto público.

Además de lo ya expuesto, los grandes aparatos refuerzan un nivel de introspección permanente en los estados nación, que los hace proclives a encerrarse en sí mismos, buscarse enemigos exteriores y/o interiores, y recuperar del pasado soluciones que ya no funcionan. Cuando lo que hoy se necesita es más colaboración internacional, la tendencia a hacer crecer los Estados, reforzar fronteras y aumentar el gasto militar no augura nada bueno.

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