Las subvenciones y la protección de la agricultura intensiva matan peces y también personas

Este año se han vuelto a producir toneladas de peces muertos en el Mar Menor, la causa es la pérdida de oxígeno del mar en un espacio con poca conexión con el Mediterráneo, donde se vierten enormes cantidades de agua dulce cargada de nutrientes, procedentes de la agricultura intensiva de la región.

Además del poco cuidado en el uso de productos químicos y la falta de infraestructuras verdes, el problema sufre de importantes vicios de base. El primero es no aplicar un precio al agua que tenga en cuenta la recuperación de las gigantescas inversiones realizadas para llevarla hasta allí. La principal es el trasvase Tajo Segura. Hace un par de meses la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aún prometía inversiones adicionales de 1600 millones de euros para el trasvase y los regadíos, y plantas de energía eólica para hacer más eficientes las desaladoras. Se añadirán a las decenas de miles que se han enterrado, desde hace 50 años, en este magno emprendimiento, producto del fervor constructor del desarrollismo franquista. Su coste no cesa de aumentar, a pesar de que, cada vez, es capaz de trasvasar menos agua, o quizá por eso.

Si los agricultores tuvieran que pagar en el precio del agua de riego todo lo que se gasta para ellos, el desastre del Mar Menor se arreglaría sólo. Unos invertirían para usar menos cantidad y los más ineficientes lo dejarían por no poder pagar. Mientras no tenga un precio relacionado con su coste, seguirán pidiendo que les lleven agua del Tajo, del Ebro o de donde sea. Nunca he podido explicarme cómo una actividad económica, con tanto impacto ambiental, sigue estando fuertemente subvencionada. La FAO sabe que el precio es fundamental para que el agua se use con prudencia y que en muchos países es un instrumento que no se emplea bien, arrastrando daños ambientales e injusticias en el funcionamiento de los mercados. Nos dedicamos a apoyar con mucho dinero público la muerte del Mar Menor y, a medio plazo, de grandes zonas del Mediterráneo.

Hay otro elemento fundamental para entender lo que pasa, que conecta directamente con la inmigración ilegal. Lo apuntaba en la entrada anterior: debemos eliminar o reducir mucho la protección arancelaria. Es una barrera que impide la competencia equilibrada de los países africanos y dificulta su desarrollo. Si Marruecos, Argelia, Túnez o los Estados del Golfo de Guinea pudieran vendernos tomates o aguacates sin restricciones, desaparecería gran parte de la agricultura intensiva y se retiraría un incentivo a la emigración ilegal. Podrían producir en su país lo que, al final, vienen a producir aquí. La mayor parte de los agricultores que se dejan la piel en campos e invernaderos peninsulares, son inmigrantes explotados por empresas y propietarios agrícolas, los auténticos beneficiarios de las grandes ayudas indirectas y las protecciones aduaneras.

Me canso de repetirlo: en un planeta superpoblado y sin imperios coloniales, cuando no viajan las mercancías viajan las personas para producirlas. Es inevitable, es mejor que se desarrollen en sus casas, sin necesidad de desplazarse jugándose la salud y trayendo hábitos culturales al país de acogida que generan tensiones, dificultan su integración y complican la vida a todos. La riqueza de las naciones se apoya en un comercio justo, como nos explicó Adam Smith hace casi 250 años .

Es fácil combatir el problema ecológico del Mar Menor y parte del efecto llamada que desplaza hacia nosotros a la población africana. Supriman subvenciones al desastre y retiren aranceles para que la gente se quede en sus casas produciendo lo que saben. El Estado ahorraría fondos necesarios para otros fines, los consumidores tendrían productos más baratos, habría más agua para el consumo humano, la industria y la agricultura sostenibles, y evitaríamos muertes de todo tipo.