Es el problema más acuciante para nuestras finanzas públicas que ya tienen muy mala salud, la Comisión Europea se cansa de advertírnoslo. En los presupuestos de este año el Gobierno ha incluido 7.000 millones para pagar pensiones, capítulo de gasto creciente y financiación directa decreciente. El sistema es cada día más deficitario porque se nutre de las cuotas de la seguridad social que pagan los trabajadores activos a los retirados. El gráfico siguiente expresa el abismo que tenemos delante. Tomado de The Economist, refleja el porcentaje que representaba la población de 65 o más años sobre la comprendida entre 25 y 64, la que está en edad de trabajar, en el 2020 y la situación prevista para el 2075 . España es el país occidental con peor situación de los que recoge el gráfico, pues más que duplicará el peso de los pensionistas en ese período si no se hace nada. Sólo nos superan Japón y Corea del Sur, países más ricos e industrializados que el nuestro, que tienen un problema de rechazo étnico y no son capaces de reclutar inmigrantes.
Aunque las previsiones sobre población de organismos serios son bastante fiables, es posible que éstas de la OCDE no lleguen a cumplirse del todo porque tenemos capacidad de atraer trabajadores extranjeros. Pero también hay que tener en cuenta que no recoge nuestro alto nivel de desempleo, mayor que el de los demás países del gráfico, ni la circunstancia de que la pensión que cobran los nuevos jubilados es, de media, un 30% superior que la que dejan de recibir los que fallecen. Dos fuertes presiones adicionales sobre la sostenibilidad del sistema social público.
Para reducir las debilidades del mercado de trabajo necesitamos hacer una apuesta decidida por la industrialización y la investigación y reducir el peso de la construcción y el turismo en nuestro PIB, sectores importantes en España que tienden a generar poco empleo fijo. Una política que se enfrenta a obstáculos que, como he expresado en otras ocasiones, se pueden remover si hay voluntad: excesivo nivel de morosidad y errores en la estrategia de inversión en infraestructura ferroviaria que olvida el transporte de mercancías, lo que además genera un grave impacto ecológico al potenciar los envíos por carretera. Las dos últimas entradas sobre esos asuntos fueron el 20/09 y el 25/10.
Aunque seamos capaces de ir reduciendo limitaciones de base de nuestro modelo productivo, la crisis demográfica seguirá operando y no se resolverá echando más dinero de los presupuestos generales a las pensiones, porque no lo habrá. El gasto público representa ya un 47% del PIB. En mi ensayo se indica que rebasar el 45% es peligroso, porque daña en exceso el dinamismo del sector privado y tiende a desgastar las clases medias, y, con ellas, la estabilidad de la democracia. Es necesario actualizar el marco que regula las pensiones con medidas que no se deben dejar para un futuro indefinido:
- Continuar con la política de adaptar la edad de retiro a la esperanza de vida.
- Hacer compatible el trabajo y la percepción de una pensión de jubilación, siempre que suponga la reducción de esta o la aportación de cuotas adicionales a la seguridad social.
- Programar la desaparición progresiva de la pensión de viudedad, una reliquia de cuando la mujer tenía poco acceso al mercado laboral.
Mi libro dedica bastante espacio a la creciente incapacidad para el cambio de sistemas políticos burocráticos, cada vez más grandes, que dificultan la adopción de soluciones razonables. En España, el enfrentamiento entre el nacionalismo absorbente y el disolvente obstaculiza aún más los acuerdos trasversales, que en este caso son imprescindibles y deberían estar por encima de cualquier disputa de territorios pues afecta a todos. Habría que ampliar los acuerdos que se alcanzaron en los Pactos de Toledo (1995) y cumplir lo que se acuerde. Me temo que quedan muchos años de manifestaciones de pensionistas temerosos de la pérdida de poder adquisitivo a la que lleva la inacción actual.
También ayudaría mucho a paliar los problemas de financiación del Estado iniciar un proceso de eliminación del papel moneda, viable ya con la tecnología disponible. Si se hace bien, como están haciendo Dinamarca o Suecia, los resultados serán muy positivos para la salud de la hacienda pública.
