Decíamos en la última entrada: “… se les atraganta la supervisión exterior sobre tribunales que dominan y que han utilizado desde hace treinta años para recentralizar el marco constitucional y castigar con saña a los que caminan en otra dirección”. Hablábamos del antieuropeísmo que se abría paso en la derecha, como uno de los elementos que caracterizan el proceso de radicalización política que vive España. Un fenómeno que también se da en otros países y que es objeto de análisis en el libro porque amenaza la estabilidad de las democracias y da alas a los autócratas.
Ahora es la Junta Electoral Central, en una decisión muy dividida, la que intenta derribar al Presidente de la Generalitat de Cataluña, negándole su condición de diputado en el Parlament en base a una sentencia que aún está recurrida. La persecución de personas “non gratas” se extiende a Oriol Junqueras, por el rechazo del mismo órgano de supervisión de procesos electorales a tramitar su acta de eurodiputado, que, según sentencia europea reciente, le confería inmunidad desde el día de la elección. Este tipo de decisiones no deberían aplicarse hasta que se hicieran firmes las resoluciones judiciales en las que se basan, en los tribunales interiores y de la UE.
Es muy preocupante la acumulación de instancias intentando poner límites demasiado precisos a los procesos políticos y las reiteradas derrotas que cosechan en Europa, muy negativas para la imagen de la democracia española . El calendario de decisiones de diversos organismos de supervisión electoral y judicial parece diseñado por un director de escena con mucho sentido del espectáculo. Llega en el momento en que un Congreso muy dividido debe elegir Presidente de Gobierno. Los discursos radicales están servidos.