A la Xunta no le gusta una España federal

El enfrentamiento político provocado por los pactos del PSOE con los nacionalistas catalanes descansa sobre la vieja tensión entre centralismo de visión provincial y descentralización autonómica, que siempre aflora en democracia. La Constitución metió en el mismo saco ambas tendencias, califica a partes del Estado como “nacionalidades” y admite que vascos y navarros gestionen su fiscalidad. Es una pena que no seamos capaces de actuar con cabeza más fría y aprovechar el momento para avanzar hacia soluciones más integradoras de la diversidad. Aún hay muchos que gustan de la organización burocrática “a la francesa”, con grandes cuerpos de funcionarios y muy centralizada, traída por los borbones y aplaudida por dictaduras militares, frente a soluciones que se amoldan mejor a las diferencias como las federales de Alemania o los EEUU.

Estamos en tiempos en que es difícil cambiar, evolucionar, adaptarse a una realidad más fluida. Formamos parte de la Unión Europea y tenemos autonomías, sería recomendable acercar más la Administración a los ciudadanos y ajustarla a distintas realidades. Pero nos bloqueamos en posiciones extremas, ayudados por unas redes sociales poco dadas a matices y por la costumbre, muy nuestra, de debatir sobre principios. Le pasa al principal partido de la oposición, influido por su peso en la capital y la España del centro sur, que también protestan dentro del PSOE, y por la presión externa de una ultraderecha refractaria a la dispersión del mando.

Este contexto, que he tocado otras veces y está en la raíz de los análisis y propuestas del ensayo que subyace a este blog, ayuda a explicar que la Xunta de Galicia haya presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía para los condenados por el procés que acordó el Parlamento a propuesta de un gobierno necesitado de votos nacionalistas catalanes. Pocos días después, hizo lo mismo, a nivel estatal, el partido que la gobierna. Esto hubiera sido suficiente, no es preciso duplicar recursos.

Creo que la Xunta se equivoca al entrar en un enfrentamiento político en el que subyace esa vieja pelea entre mayor o menor sentido federal de las CCAA. Lo mismo ocurre cuando se opone a más autonomía fiscal para Cataluña, que el Gobierno dice querer extender a las demás comunidades. Aunque es comprensible que, en caso de avanzarse en esa dirección, se preocupe de que haya un sistema de compensación para proteger a comunidades con población dispersa y envejecida.

El sentido de la reforma en marcha para Cataluña, que el Gobierno pretende generalizar, no debería encontrarse con la oposición de Galicia, una comunidad que ha empezado a liderar el crecimiento económico de España desde que tiene autonomía y la UE diluyó la frontera con Portugal. Somos nacionalidad histórica, tenemos una lengua con conexión internacional y después de siglos de atraso, aislada dentro de una España centralizada y dividida en provincias, todo lo que sea mayor autonomía nos va a potenciar. El propio Feijoo, entonces Presidente de la Xunta, defendió un concierto fiscal para Cataluña, “cuando lo tienen vascos y navarros”, en una conferencia que dio en el Círculo de Economía de Barcelona en noviembre del 2016.

El PP está metido en una lucha por el poder a nivel Estado y le interesa contar con el respaldo de la única nacionalidad en que gobierna. Pero es una medida innecesaria y negativa para su papel en la historia de Galicia. Corre además el peligro de abrir espacio para que aparezca alguna fuerza galleguista de centro que amenace aquí su privilegiada posición.