Es natural que las víctimas de un crimen y sus allegados pidan fuertes castigos para los autores. Muchas veces les parece insuficiente la condena que reciben. Ese sentimiento se refuerza cuando los delincuentes pertenecen a un grupo que ataca las bases de la convivencia y quiere cambiarlas por medio del terror. Durante los más de 50 años en que ETA estuvo actuando, sus víctimas y familiares se organizaron y adquirieron peso social. La tensión acumulada por el dolor ha sido un aglutinante para los partidos conservadores, que siempre han apoyado sin matices a las asociaciones de víctimas del terrorismo. Esa tensión va disminuyendo, poco a poco, desde que la España democrática creó condiciones y aplicó medidas para terminar con ETA, cuyo último atentado mortal es del 2010. Se disolvió en 2018.
ETA recupera ahora protagonismo, en momentos de fuerte confrontación entre un Gobierno sostenido por difíciles equilibrios parlamentarios y una oposición que busca su caída. El detonante ha sido el interés de Bildu, heredero de las ideas políticas de ETA, y del PNV, siempre más discreto, para que se aplique sin restricciones la legislación europea sobre acumulación de penas por el mismo delito. Su presión sobre un Gobierno débil se materializó en una enmienda de Sumar que el Congreso aprobó por unanimidad. Al parecer, ni PP ni Vox se leyeron bien de que iba. El despiste implica una grave dejación de funciones, si es que ha habido un despiste porque algunos diputados de los partidos mencionados dijeron ser conscientes de lo que votaban. La tramitación poco trasparente por parte del Gobierno ayudó a defender la posibilidad de un error. En cualquier caso, el resultado radicalizó aún más la confrontación política.
En 2008, la UE aprobó una Decisión Marco que obligaba a los Estados miembros a calcular el cumplimiento de penas teniendo en cuenta el tiempo de prisión que el condenado había pasado en otro país comunitario por la misma causa. A falta de una transcripción de dicha norma al derecho español, en marzo del 2014, el Supremo la utilizó para aprobar un recurso de J.L. Urrusolo Sistiaga, un ex etarra muy activo, contra una sentencia de la Audiencia Nacional que había rechazado computar los 6 años cumplidos en una prisión francesa por una condena del Tribunal Correccional de París. Nuestro alto tribunal, con mayoría conservadora, entendió que debía aplicar la legislación de la UE, por ser España un país miembro y porque responde a la lógica del derecho penal, por eso también cita sentencias suyas anteriores, que recogían el criterio de la norma europea, antes de que fuera promulgada. Unos meses después, se produce otra sentencia que beneficia a dos miembros de la banda y hace saltar las alarmas en el Gobierno de Rajoy, que aún no había traspuesto la Decisión Marco. Entonces se apresura a hacerlo con una clausula adicional que excluye las sentencias anteriores a la fecha límite para la entrada en vigor de la norma europea (15/8/10), que abarca prácticamente todas las condenas a miembros de ETA juzgados en Francia.
Es una pena que PP y Vox no hayan defendido la enmienda que apoyaron en el Parlamento, coherente con la filosofía del derecho que rechaza que se acumulen penas adicionales por el mismo delito a consecuencia de decisiones de distintos tribunales. La venganza, por mucho que se rechace la barbarie terrorista, no puede influir en los criterios profundos que marcan la justicia. No deberíamos ofrecer una victoria póstuma a ETA: dividir a los españoles desde las instituciones democráticas que acabaron con ella.
Ahora el foco vuelve a la corrupción (1) y parece que tienden a disminuir exabruptos sobre beneficios a ex etarras, como el de Miguel Tellado al presentar fotos de víctimas para defender sus planteamientos en el Congreso, lo que ha llegado a enfrentar al PP con asociaciones a las que se siente próximo. Quizá por eso sigue dándole vueltas en las Cortes a la derogación de la enmienda a que me he referido. Los políticos deberían aprender a controlar sus excesos y sepultar definitivamente a ETA en su oscuro pasado.
(1) Denuncio con frecuencia los sobres de billetes para los políticos y comenté el caso Air Europa el 24/08/2020 (No debe haber dinero público para rescatar Air Europa)