Todos los Estados tienen cuerpos de seguridad que trabajan con discreción para conocer lo que traman personas o grupos, casi siempre de base terrorista y/o financiados por países extranjeros, que son potencialmente peligrosos para la seguridad del propio Estado. La razón práctica aconseja que estos organismos puedan traspasar algunos límites de la ley para realizar su tarea. El problema surge cuando la combinación de secreto y autorización para actividades no permitidas a la policía normal lleva a esos servicios a adquirir autonomía y atentar contra derechos de ciudadanos no gratos para ellos o los políticos que los dirigen. Llegando incluso al asesinato de personas consideradas espías o terroristas.

En estos 45 años de democracia en España tenemos ejemplos conocidos de este proceder. El peor fueron los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), que combatieron el terror de ETA con el terror de un grupo dirigido por altos mandos policiales. Cometieron 27 asesinatos entre 1983 y 1987 con algún error que afectó a personas no vinculadas a ETA. Se trataba de hacer inseguro para la organización terrorista el “santuario francés”. Ocurrió durante los dos primeros gobiernos de Felipe González. El ministro, José Barrionuevo, y el secretario de Interior, Rafael Vera, fueron condenados por el secuestro de Segundo Marey, un ciudadano confundido con el etarra Mikel Lujúa. El primer gobierno de José María Aznar se apresuró a indultar a ambos, aunque el PP había exigido antes que se investigase la trama y se castigase a los responsables.

ETA entró en decadencia, hasta desaparecer, y empezaba a preocupar el ascenso de ideas independentistas en Cataluña. Se monta una policía «patriótica» que empieza investigando diversos chanchullos de políticos catalanes, como los de Jordi Pujol y su familia, con objeto de debilitar la credibilidad del catalanismo. Una vez más, el tinglado empezó a tener vida propia y surge la tentación de usarlo para otros fines. Ocurrió al parecer con la Operación Kitchen, aún pendiente de resolución judicial, cuando la organización informal, durante el mandato de Mariano Rajoy, se empleó para recuperar los papeles de Luis Bárcenas, gerente y luego tesorero del PP, que recogían presuntas operaciones en B de financiación del partido y pagos a dirigentes. 

La llegada del PSOE al gobierno intentó desmontar la policía patriótica. Un miembro destacado de ella era el comisario Villarejo, ahora procesado, que también vendía a terceros las informaciones que obtenía. Se apartó de su cargo al anterior director adjunto operativo de la policía nacional, Eugenio Pino, no sin que, antes de ser cesado, el ministro Grande Marlasca le concediera, por vía de urgencia, la Medalla de Plata del Mérito Policial, que lleva acarreada una gratificación anual vitalicia de 3.000 euros.

Pero seguimos con Cataluña y el procés y nos acabamos de enterar de que los teléfonos móviles de algunos políticos catalanes independentistas han sido espiados en los últimos años con el programa Pegasus de fabricación israelí y uso exclusivo para los gobiernos. Comprendo que los políticos afectados estén muy molestos y pidan dimisiones, aunque, según parece, todo se hizo de forma legal, con autorización del Supremo.

Estamos asistiendo a un debate sobre el tema, sesgado por cuestiones de principios y lecturas estrictas de la Constitución. Es verdad que los dirigentes catalanes afectados han aprovechado el escándalo para armar una buena bronca y se les descalifica por su tendencia a sobreactuar. Pero tienen razón, por mucho que existan procedimiento establecidos, el espiar desde el Gobierno a políticos de la oposición que defienden posturas radicales no violentas descalifica la sanidad de nuestra democracia. Es legítimo promover la independencia, siempre que se respete el marco legal y, si no es así, se acude a los tribunales. Esto no es el Reino Unido, que permitió un referéndum sobre la separación de Escocia. Aquí tenemos menos respeto por las reglas, tanto unos como otros.

Los GAL, un instrumento del Estado para matar terroristas sin juicio previo, en un país que había suprimido la pena de muerte, sirvieron para justificar a ETA ante algunos y ayudaron a que aguantara unos años más. El espionaje de personas elegidas por los ciudadanos para un cargo público es una violación de las normas habituales de un estado de derecho y reforzará, con razón, el victimismo de los espiados. Debería rodar alguna cabeza, si queremos que nuestro sistema democrático se libre de los excesos de las cloacas, puestas al servicio de los políticos. Aunque ya hay llamadas abundantes a aplicar la santa absolución. Un privilegio habitual para los que se sobrepasan desde los espacios secretos.

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5 comentarios

  1. Para abreviar, evitando innecesarios argumentos y comentarios adicionales, me limito a dar por buenos los que, en este caso, la ministra de defensa, Margarita Robles, expuso en el Parlamento.
    Subordinarlo todo a lo “políticamente correcto” no deja de ser un engañabobos en el que nos hemos instalado. No contribuye a clarificar la realidad de las cosas y la forma de abordarlas, pero, lamentablemente, hace “quedar muy bien” a quienes manejan demagógicamente tan engañoso recurso.

    1. El CNI no debería estar para investigar políticos, aunque sea legal según parece

      1. No se les investiga por políticos (¿hay que recordarlo?) si no por golpistas condenados por sentencia firme del T.S. (posteriormente indultados por el Gobierno) que recurrentemente proclaman «volveremos a hacerlo». El mismo Gobierno que les indulta y se sostiene con su apoyo, consciente de la amenaza que representan dados sus antecedentes, para el mantenimiento del orden constitucional, ordena al CNI sean seguidos e investigados.
        Como nuevo episodio del esperpento, hoy es cesada la directora del CNI con la sorprendente complacencia de Margarita Robles en flagrante contradición de sus manifestaciones de días anteriores. Se aplacan así, pero no se satisfacen, las reivindicaciones de los independentistas. Habrá que ver lo que viene a continuación. ¡ Vivir para ver !.

        1. No insistas, son políticos elegidos por la gente y nunca deben ser investigados por salvapatrias que no están para eso. Esto es una democracia, pero en algunos temas confundimos los procedimientos legales con la legitimidad de lo que se hace. Las cloacas no pueden entrar en debates políticos incluida la posibilidad de independizarse. Nos falta práctica, como tú señalas ya están bajo la supervisión de la justicia que es el canal adecuado.

  2. Pues no insistiré (este no es mi blog), pero sigo pensando lo que ya dije (no lo que parece insinuarse que dije) y sin pretender ser interprete de nadie, tengo para mi que lo referido es opinión ampliamente mayoritaria.

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