Me parece correcta la propuesta que hizo la dirección del PP, hace un mes, pidiendo que se modifique la ley del indulto de 1870, para que un gobierno no pueda aplicarlo a personas de partidos que forman parte de él. Yo iría más lejos, prohibiría, con carácter general, el indulto de cualquier condenado a causa de un delito cometido durante el ejercicio de un cargo político. Si se ha saltado las leyes tiene, como todos, derecho a un juicio justo y, si resulta condenado, debería cumplir la sentencia. Es una forma de evitar abusos del “poder del aparato”, primer capítulo de mi ensayo. Resulta poco edificante que las organizaciones con control del ejecutivo puedan saltarse la división de poderes si no les gustan las resoluciones judiciales que les afectan.
No me voy a extender sobre el descontrol en las ayudas públicas para afectados en expedientes de regulación de empleo (ERE) y para cursos de formación registrados en la primera década y media del siglo. Se crearon las condiciones idóneas para el fraude: mucho dinero y demasiada laxitud en los procesos de concesión. Entraron en el juego políticos, funcionarios, sindicatos y patronales para apoyar subvenciones o desarrollar estructuras de formación internas y externas sin adecuada supervisión sobre los asistentes reales a los cursos que se ofrecían. En mayor o menor medida ocurrió en toda España, pero alcanzó más volumen en Andalucía, la comunidad con más población y menor renta per cápita, y con un partido socialista demasiado enraizado en la Administración.
No entro en valoraciones que personas de prestigio hacen sobre José Antonio Griñán, el principal condenado por los ERE de Andalucía, al que consideran un hombre honesto que no se benefició de los casi 680 millones desviados sólo en este caso. Es la razón por la que piden que sea indultado. Probablemente tengan razón y pueden alegar que la decisión del Tribunal Supremo de condenarlo por malversación, junto a otro ex presidente de la Junta de Andalucía , Manuel Chaves, y cuatro ex altos cargos, no se tomó por unanimidad, al registrarse un voto particular contrario firmado por dos magistradas.
José A. Griñán, inspector de trabajo, fue Consejero de Hacienda de la Junta andaluza (2004-09) y después Presidente (2009-13). Antes fue ministro de Sanidad y Consumo, y Trabajo y Seguridad Social en gobiernos de Felipe González. Algo tendría que saber de aquel desbarajuste para dar dinero con alegría a empresas y organizaciones sociales bien conectadas. La sentencia establece que su actuación y la de los demás condenados no se limitó a utilizar un “criterio ilegal” de presupuestación para agilizar ayudas, sino que, además, dispusieron de los fondos públicos “sin control” de forma “discrecional y arbitraria, al margen de todo condicionante legal”.
Las condenas penales tienen por objeto hacer pagar a los culpables y darles la oportunidad de reeducarse en prisión. También es muy importante, en el plano social, su efecto ejemplarizante. España necesita ese mensaje, hay demasiados habitantes del aparato político burocrático con sensación de impunidad. Manejan mucho dinero de todos, es conveniente que empiecen a tener algo de miedo y actúen conforme a las reglas. Si pecan y no son capaces de sentir dolor de contrición, al menos que sientan el de atrición, el de irse a la cárcel, al infierno en el contexto de la educación religiosa que algunos recibimos.
Como solía decir un ex compañero nuestro, lamentablemente ya fallecido: “Cuando estoy de acuerdo no discuto”. Hago mía, en este caso (el tratado en la entrada objeto de comentario) su expresión, pero no me resisto a un matiz en el concreto de Griñan, Chaves, colaboradores necesarios y demás corifeos, algunos de los cuales siguen ocupando relevantes puestos públicos. Más allá de lucros directos, o no, dada la magnitud del fraude puede deducirse, además, que tan heterodoxas e impúdicas prácticas han influido, en no despreciable medida, en los resultados electorales que mantuvieron en el poder al PSOE en Andalucía y de algún modo, dado su peso demográfico, en el conjunto de España, con los conocidos lamentables resultados derivados para tan importante Comunidad. Estos hechos y otros en distintos partidos, sindicatos y demás organizaciones públicas, cada uno en su medida, no deben quedan impunes, efectivamente, sin que causen una más que justificada alarma social.
Ya lo decía Lord Acton, el político liberal e historiador inglés del s XIX: El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente.
Fue el caso del PSOE en Andalucía o del PP en Valencia. Es difícil librarse de esa ley casi física. Fue la razón principal para escribir el libro en que se apoya el blog. Debería preocuparnos mucho la dimensión que han adquirido los Estados y su dificultad para el cambio.
No le falta razón a Lord Acton en su célebre frase, ni tampoco a ti en el fondo de lo que dices, pero siendo absolutamente reprobable cualquier tipo de corrupción, no lo es menos que en la misma, como en cualquier otro delito, hay grados y que no se debe establecer equidistancia entre los mismos. Por poner un ejemplo ¿es comparable con cualquier otro que el director general de un cuerpo benemérito se lleve los fondos destinados a dar cobertura a los huérfanos del mismo, o que los previstos para los parados, allí donde tal lacra alcanza niveles
incomparables vaya a parar a los bolsillos de golfos y a comprar voluntades que podrían llegar a hacer ilegítimos varios resultados electorales?.
la corrupción es casi proporcional al poder de que disponen los «aparatos». Poder que es mayor cuando no hay control suficiente sobre lo que se hace, como pasa muchas veces en el ámbito de las licencias de construcción, o pasó en España con los ERE y los cursos de formación para desempleados.