El Banco Central Europeo ha sido un hito fundamental en la construcción de la Unión Europea, representa la entrada de sus miembros en una escala superior de soberanía compartida al incluir en ella la política monetaria, lo que nos va llevando a una política fiscal coordinada, con algunas reglas comunes. Pero anida en su seno un gran aparato institucional con mucha autonomía que considera la emisión de billetes de euro como un buen negocio, del que es monopolista. Permite reforzar su influencia y pagar buenos sueldos por lo que tiende a combatir las medidas que limitan su uso, cuando la imprenta está siendo sustituida por la digitalización de procesos.
He descrito en entradas anteriores la calaña de grandes usuarios de esos papeles que produce el BCE, cuyo volumen no deja de aumentar a pesar de que las personas normales los van abandonando. Son sólo imprescindibles para defraudadores, terroristas y delincuentes comunes, especialmente los dedicados al tráfico de armas o drogas y de personas en condiciones, muchas veces, de práctica esclavitud. A causa de ese uso “anormal” el fuerte crecimiento de la demanda se concentra en los billetes de 50 o más euros y se sigue atendiendo como si tal cosa.
Siguiendo la política protectora de su negocio, la gran institución instalada en Frankfurt emitió hace unos días una nota, quejándose de que el gobierno español haya reducido el límite de los pagos en efectivo de 2.500 a 1.000 euros para combatir la economía sumergida. Alega, entre otras razones, que los billetes “suponen un método de pago fundamental para las personas mayores, los inmigrantes, los discapacitados, y cualquier persona con acceso limitado a los servicios digitales.” Le debe parecer que así describe a los típicos ciudadanos que realizan pagos de más de mil euros.
Es el propio banco central el que retrasa la digitalización de las personas a las que alude en su nota con su imposición del efectivo, apoyándose en normas antiguas y en la presión que puede ejercer sobre el sistema financiero. Si hubiera permitido un desarrollo, en competencia normal, de los sistemas digitales desde hace quince o veinte años, hoy casi todos los europeos decentes serían capaces de usarlos (entrada de 2 de febrero).
No me canso de insistir en que resulta incomprensible que, ahora que países avanzados (Dinamarca, Suecia, Noruega, Australia) toman medidas para ir eliminando los viejos billetes, el BCE pelee por hacerle la vida fácil a mafias, políticos corruptos, grupos terroristas o evasores fiscales. Sigue tratando de evitar que toda la población se vea incentivada a adaptarse a sistemas digitales. Mantiene a una parte de ella cómodamente secuestrada en el espacio del efectivo, porque le sirve de coartada para dar apoyo a la economía ilegal.
La situación no es únicamente un problema económico o fiscal, o una falta de compromiso para combatir la delincuencia, la evasión fiscal o las redes de prostitución, es además un grave déficit ético. No es razonable que un organismo público, sostenido entre todos, sea un colaborador necesario de toda esa gentuza. Puestos a pensar mal, quizá haya personas del BCE que perciben alguna discreta recompensa por su empeño en emitir billetes en competencia con el dólar. Pelea con la Reserva Federal a ver quién coloca más papel moneda de denominaciones excesivas para facilitar la existencia del lado criminal que habita en la oscuridad de medios de pago de otros tiempos, emitidos con la garantía de los Estados.
El asunto se desarrolla en el libro cuya portada reproduzco más abajo. En él también se explica la reducida capacidad de las criptomonedas para sustituir el efectivo en el pujante planeta ilegal . Allí es imprescindible, no así en el mundo legal, como demuestran los países nórdicos.
