Lo que no cuesta tiende a malgastarse. Pasa con lo que en las clases de economía se llamaban “bienes libres”. El aire es el ejemplo más citado y sufrimos las consecuencias de haberlo contaminado en exceso e impulsado el calentamiento de la atmósfera. Una de las primeras medidas tomadas en Europa para tratar de cumplir con el Protocolo de Kioto de reducción de gases de efecto invernadero fue la creación de derechos de emisión de este tipo de gases, que se podían intercambiar entre sus propietarios. El sistema ha ayudado a que nuestro continente avance más que otros en combatir el problema.

Con el agua dulce, cuyo día mundial celebramos el lunes, pasa algo parecido, se malgasta demasiado, es el principal sistema de subvención escondida de la actividad agrícola que absorbe el 70% del total que se emplea en el mundo. El que los derechos para su consumo coticen, desde diciembre, en el mercado de futuros de Chicago facilitará referencias de precio que colaborarán en racionalizar su uso. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) sabe que el mejor empleo del agua se produce en las zonas del planeta en las que existe una regulación del recurso que incluye un precio por consumo, porque fomenta el ahorro y la inversión en riego más eficiente.

Hace 25 años, España debatía sobre la escasez de agua en zonas de gran potencial agrícola. La demanda de regiones del Levante había dado lugar al Trasvase del Tajo, terminado en el 79. Pero la presión continuaba y se diseñó una enorme inversión para un Trasvase del Ebro, cuyas aguas llegarían hasta Almería.  La peculiar estructura de poder en España, incluida la gran influencia de las constructoras, llevó a que José María Aznar aprobara el proyecto e inaugurara, en febrero de 2004, el inicio de las obras. El asunto no pasó de ahí, al ser derogado, 4 meses después, por el Presidente Zapatero.

En aquellos tiempos defendí en varios artículos que, antes de abordar cualquier trasvase, debería estipularse que las actividades productivas beneficiadas por la obra pagarían toda la inversión necesaria e, incluso, el coste de oportunidad. No hay que recurrir sólo a argumentos ecológicos contra ese tipo de planes faraónicos, basta hablar de precio para que desaparezca la presión de los que piden agua gratis, en lugar de centrarse en racionalizar su uso, en lo que siempre queda mucho por hacer.

Me sirvió como referencia lo que pasa en el Oeste de los EEUU, donde hay mucha escasez de recursos hídricos. Las fotos que recojo son de la presa Hoover, la más importante del mundo cuando se inauguró en 1936. Siempre recomiendo conocer este lugar a los que estén cerca de Las Vegas, es una gran obra civil de la ingeniería civil, presidida por notable decoración art decó. Pero lo que llamó mi atención de economista fue la placa de los que financiaban el proyecto, todo tipo de órganos de la Administración (Ministerio, Estados Federados, ciudades, mancomunidades) y empresas eléctricas, que adquirían derechos en el uso de la reserva y que ahora podrán vender o intercambiar en el principal mercado de materias primas.

En España nos gusta más hablar de principios y derechos que de dinero, pero en este caso deberíamos hacerlo. La aplicación de precios, que reflejen costes y escasez, al agua que se usa en industria y agricultura provocaría, entre otras consecuencias, una relocalización de parte de las actividades que la emplean hacia lugares donde existen recursos sin utilizar. Galicia, por ejemplo, vierte cada día al mar miles de toneladas de agua y podría abordar nuevos cultivos sin poner en riesgo los ecosistemas.

El agua dulce, un bien imprescindible para la vida, es cada vez más escasa, por lo que sólo se justifica que esté subvencionada para el consumo de las personas, que necesitan beberla y usarla en su higiene, lo que representa un derecho fundamental.

Los bienes puramente libres están pasando a la historia, habrá que volver a redactar algunos manuales. Bienvenidos los precios para recursos escasos, que ya son casi todos en este planeta tan lleno de gente que quiere mejorar. Entre lo poco que queda para disfrutar gratis están el paisaje y la naturaleza, tenemos que cuidarlos mucho.

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3 comentarios

  1. Es difícil no estar de acuerdo con los conceptos que se exponen y argumentan, a mi juicio, con gran oportunidad y acierto.
    Lo que no tengo muy claro es que la derogación del proyecto de trasvase del Ebro de la mano de ZP haya de “apuntarse” en su magro haber y en demérito de quienes lo demandaron e impulsaron.
    El Gobierno Zapatero, como alternativa, optó por plantas desaladoras, muy costosas también y generadoras de un gran impacto ambiental, lo que no parece muy acertado salvo como último recurso, lo que no es el caso. Otra cosa es que primase para la toma de decisiones el afán de minimizar el coste político que el trasvase conllevaba, frente a las mejores soluciones posibles.

    1. Agradezco el matiz histórico, pero ya veo que apruebas el mensaje: lo que se regala se malgasta y hay que cobrar un precio razonable al agua dulce. En cualquier caso, las desaladoras hacen más fácil la idea del cobro porque hay un coste permanente de “producción”, el trasvase es una inversión gigantesca que luego opera sola.

  2. Comparto, como no puede ser menos, que lo que de algún modo no se paga, se malgasta y no se valora.
    Añadiría que el plan desaladoras, de Cristina Narbona, resultó un fiasco y probablemente estuvo en el origen de su cese como ministra de Medio Ambiente, que pasó a integrarse en Agricultora, Pesca y Alimentación.

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